Focos rojos en año electoral

Una nueva manifestación ciudadana que seguramente afectó a miles de personas con el cierre de la carretera Zacatecas-Guadalajara, el sábado, es un claro reflejo de la creciente irritación ante la evidente incapacidad operativa de las corporaciones policiacas estatales y municipales.
Como en la ocasión anterior, la mandataria Amalia Dolores García Medina puede alegar, en legítima (¿?) defensa, que algún líder sin nombre encabezó a los villanovenses que protestaron, enérgicamente, contra la inseguridad.
Pero como obvio resulta, ese eventual líder sin nombre ahora tendría que ser identificado, plenamente, como Antonio de la Torre del Río, presidente municipal de la tierra del extinto Antonio Aguilar, El Charro de México.
El alcalde, obligado por las circunstancia o, mejor dicho, por la comunidad a la que gobierna, leyó un pliego petitorio-reclamo cuyo primer y contundente primer punto decía:
“Si la señora gobernadora (Amalia Dolores García Medina) no es capaz de brindar seguridad al pueblo que la eligió, que renuncie, requerimos gobernantes comprometidos y que cumplan con la obligación del estado, que es de dar seguridad a los ciudadanos”…
A manera de respaldo, decenas de ciudadanos gritaban: “Que renuncie… que renuncie”.
Han fallado, y eso también es evidente, no sólo las corporaciones policiacas, sino las estructuras oficiales en cuyas manos se encuentra (o encontraría) garantizar la estabilidad social y el control político de la entidad.
En pocas palabras, al gobierno de Zacatecas se le fue de las manos, sin más, un problema que, a reiterado golpe discursivo, se intenta minimizar e incluso ocultar.
Vale la pena preguntar, nada más por si las moscas, ¿cómo para cuándo empezará a funcionar la Secretaría de Seguridad Pública?
Y también, porque no está de sobra: ¿Cuántos miles de millones de pesos se van a destinar, si es que está el rubro de seguridad pública es importante para la casa gobernante, a mínimamente equipar a las corporaciones policiacas?
Los gritos de los villanovenses tienen tanto o más valor porque en las democracias no hay ciudadanos de primera y de segunda, al encendido reproche del conocido empresario Alejandro Martí, luego de la muerte de su hijo a manos de bandas criminales.
El 22 de agosto del año pasado lanzó un exhorto al presidente de México, a gobernadores, legisladores y a quienes integran el Poder Judicial de la Federación: “Si no pueden, renuncien; pero no sigan ocupando las oficinas de gobierno, no sigan recibiendo un sueldo por no hacer nada. Eso también es corrupción”.
Por si no bastara, también están en la mesa las recomendaciones de Nelson Vargas, ex director general de la Comisión Nacional del Deporte y padre de la joven Silvia Vargas Escalera —quien fue secuestrada y asesinada por sus captores—, quien consideró que sólo con el trabajo en equipo y la organización ciudadana se reducirá considerablemente la cifra de secuestros en México.
Recordó que en Colombia “en el momento de ver un asalto en la playa o algún lugar público, salen de repente muchos (ciudadanos) y al menos 200 cámaras filman el robo, así evidencian al ratero y combaten al crimen”.
De salida
Hasta cuándo, es pregunta, serán más importantes los ciudadanos que los asuntos político-partidistas.
¿Hasta cuándo?
Al actual gobierno ya sólo le quedan menos de 20 meses, y contando.

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