Washington.- El empresariado de EEUU necesita con urgencia la mano amiga del Gobierno para capear la crisis económica, pero también se ha alzado en armas por una controvertida cláusula en un plan de estímulo que le supondría costos millonarios.

La versión del plan que aprobó la Cámara de Representantes el pasado 28 de enero contiene una cláusula propuesta por el republicano Jack Kingston (Georgia), que exige que todo contratista federal se inscriba en el programa electrónico “E-verify” para verificar el estatus migratorio de sus empleados.

Al igual que el resto de los republicanos en la Cámara Baja, Kingston terminó votando en contra del plan de estímulo por considerarlo costoso e ineficaz.

Pero el daño ya estaba hecho y el sector empresarial, que a través de la Cámara de Comercio de EEUU ya había entablado en diciembre pasado una demanda en contra de la expansión de “E-verify”, continúa presionando al Congreso para que desista de esa idea.

La versión del Senado no la incluye, pero ambos planes tienen que ser sometidos a un proceso de armonización bicameral para producir un sólo texto definitivo antes de enviarlo al Despacho Oval.

“Esperamos que el Congreso desista de la idea de exigir que las empresas y contratistas se inscriban en el programa ‘E-verify’, porque el sistema contiene un alto índice de error y porque costará a las empresarias millones de dólares”, explicó Randy Johnson, de la Cámara de Comercio.

Según Johnson, vicepresidente de asuntos laborales e inmigración de la Cámara de Comercio, en la fuerza laboral de EEUU hay aproximadamente 165 millones de trabajadores y “un índice de error de tan sólo un uno por ciento es enorme”.

Johnson señaló que, según cálculos de economistas, la obligatoriedad de la ley supondría un costo de al menos mil millones de dólares para la comunidad empresarial.

Ese costo se debe a que, ante el índice de error de la base de datos del Gobierno federal, las empresas tendrían que despedir a empleados -sin que tengan la culpa del error burocrático-, e invertir fuertes sumas en la contratación y capacitación de nuevos empleados.

Eso sin contar los “miles de millones de dólares” que le costaría a la sociedad estadounidense por el tiempo que pierden los empleados para corregir errores y para batallar contra la burocracia federal.

“E-verify” comenzó como un programa piloto y es un sistema electrónico administrado por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y de la Administración de Seguridad Social (SSA), en el que las empresas pueden verificar el estatus migratorio de sus empleados.

La ley federal prohíbe la contratación de personas que no tengan sus papeles en regla y el Gobierno federal quiso facilitar, con este programa, el proceso de verificación de documentos.

Según datos oficiales, más de 87 mil empresas se han inscrito en el programa. El año pasado, se realizaron más de 6,5 millones de consultas a las bases de datos federales, que en su conjunto contienen alrededor de 504 millones de archivos.

Hasta ahora, la participación en “E-Verify” es voluntaria pero, tras una orden ejecutiva emitida en 2008 por el entonces presidente George W. Bush, será obligatoria para contratistas y subcontratistas federales a partir del próximo 21 de mayo.

La versión del plan de estímulo de la Cámara de Representantes hace esa participación obligatoria para toda empresa que busque contratos con el Gobierno federal, antes de lo previsto.

Un estudio encargado por DHS en 2007 destacó que el programa “E-Verify” no está libre de errores y esos errores resultan costosos.

Los partidarios de “E-Verify” arguyen que así se combatirá la contratación de inmigrantes indocumentados.

Pero el programa adolece de numerosos problemas, incluyendo errores que pesan contra los mismos estadounidenses que, aparte de afrontar el riesgo de perder sus casas y empleos, tendrán que gastar dinero que no tienen para corregir errores en el programa “E-Verify”.

Y ni decir del índice de error de casi el diez por ciento contra los extranjeros que se han nacionalizado, ni de la vulnerabilidad del programa a posibles fraudes.

La ampliación de “E-Verify” es una pésima receta ante la crisis que aqueja a la primera potencia económica del mundo.

(Con información de Univisión)