La “justicia mexicana” ha dejado en libertad absoluta al ex presidente Luis Echeverría Álvarez, acusado de ser el principal responsable de la matanza de niños, mujeres –algunas de ellas embarazadas–, hombres, ancianos –de uno y otro sexo– perpetrada por el Ejército Mexicano el 2 de octubre de 1968 en la Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco, DF.
Ahora resulta, que uno, por no decir al que más recuerdan los mexicanos como el principal culpable del crimen del 2 de octubre del 68 no tiene ni culpa ni responsabilidad alguna en esta masacre, a pesar de las múltiples pruebas presentadas por los compañeros del Comité del 68, encabezados por mi compañero y amigo Raúl Álvarez Garin, que al salir de la cárcel, donde estuvo recluido por su participación en el Movimiento Estudiantil-Popular de 1968, se ha dedicado con singular interés a buscar la verdad de lo ocurrido aquella tarde-noche del 2 de octubre de 1968, a recabar elementos y pruebas irrefutables y contundentes que permitieran demandar y sentar en el banquillo de los acusados ante la “justicia mexicana” a los principales responsables de aquel crimen de Estado y, sobre todo, a demostrar la culpabilidad de Luis Echeverría Álvarez. Que ahora, según la “justicia mexicana”, es un ciudadano honorable, ilustre, impoluto, inmaculado y benevolente. Cuando la historia nos deja ver, de forma fehaciente, todo lo contrario.
Conociendo el sistema político mexicano y más en las épocas en que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) era un partido político fuerte, sostenido por un presidencialismo absoluto, poderoso, donde el que negociaba a nombre de todos, compartía, ordenaba y decidía, desde luego con acuerdo de los grupos de poder, era el presidente de la República, que tenía a su disposición al Ejército, a todas las policías, un sistema de policía política en serio y a toda una estructura corporativa sindical y campesina, donde la democracia no existía.
Las elecciones, como ahora, eran pura formalidad, aunque hoy hay más opciones para hacernos tontos. Además, todos los medios de comunicación masiva, de propiedad privada, estatal, estaban absolutamente controlados por el gobierno y en última instancia por la Presidencia de la República. En estas condiciones, me parece a mí, muy difícil que un solo hombre, en este caso Luis Echeverría Álvarez, tuviera la fuerza suficiente, como secretario de Gobernación, para actuar de manera personal al margen del tlatoani sexenal, el presidente de la República. Y más aún que el Ejército permitiera ser mandado por un secretario de Estado, así fuera el secretario encargado de la seguridad interna del país. A menos que haya existido un acuerdo secreto entre los grupos de poder, Luis Echeverría Álvarez y el jefe del Estado Mayor Presidencial, con miras al próximo sexenio.
Digo que fue un crimen de Estado porque todos los poderes que integran a la República estuvieron fuertemente involucrados, el Poder Ejecutivo ordenó, el Judicial justificó y el Legislativo aplaudió, y no hubo uno solo de sus integrantes que renunciara o que hiciera alguna manifestación pública de su desacuerdo, salvo la honrosa renuncia pública del escritor Octavio Paz a la embajada de México en la India.
Es muy difícil que aún en las condiciones actuales de mayor participación ciudadana y una poca de democracia, podamos creer que puede aplicarse la justicia en nuestro país, hasta ahora el Poder Judicial a servido, casi exclusivamente, para aceptar las consignas del gobierno, cobrar sus enormes salarios y justificar los atropellos de los poderosos contra el pueblo de a pie, contra los que no tienen poder ni licenciados caros, esos de despacho de abogados.
Si no, preguntémonos qué pasó con la matanza de Acteal, el crimen de Aguas Blancas, con los enjuiciados por defender su tierra en San Salvador Atenco. Qué sucedió en el proceso contra la periodista Lydia Cacho, o el “suicidio” de la luchadora social y abogada Digna Ochoa. Qué ha pasado con los amparos interpuestos por los trabajadores del Estado contra la nueva Ley del ISSSTE, el derecho de huelga anulado por la requisa, más todas las injusticias cometidas de manera individual en todos los estados de la República y que desconocemos… En fin, sería una larga lista de injusticias o no resueltas o resueltas en contra de los ciudadanos de este país, así tenemos todo el derecho del mundo a cuando menos dudar de nuestras instituciones.
En estas circunstancias, la impunidad campea en todo nuestro país y mientras vivan algunos de los que componen los grupos de poder que de alguna manera participaron y conocen que pasó, no nada más el 2 de octubre de 1968, sino en todo el Movimiento Estudiantil-Popular de México 68, y que aún inciden y participan de alguna manera en el gobierno. No habrá justicia ni esclarecimiento para la masacre del 2 de octubre de 1968 ni para el mismo Movimiento Estudiantil-Popular del 68, que, se acepte o no, coadyuvó en mucho a cambiar a México y aún es vigente, en sus demandas y postulados, su pliego petitorio de seis puntos. No está resuelto, pero ni debemos ni podemos quedarnos en el pasado, sumidos en la nostalgia y esperanzados en la historia. Los que quedamos vivos de aquel Consejo Nacional de Huelga (CNH), compuesto por más de 240 representantes, designados por las asambleas escolares, de las distintas escuelas y universidades que integraban el movimiento, de esos todavía quedamos vivos algunos viejillos “sesentachocheros”, que aún tratamos de continuar en la brega, unos en la lucha sindical universitaria, otros en la academia y la investigación, algunos más en la militancia política en el Partido de la Revolución Democrática (PRD); en el Partido Revolucionario Institucional (PRI) solamente dos, Ángel Verduzco y Óscar Levin Copel; en el Partido Acción Nacional (PAN), ninguno.
En fin, seguimos dando lata, nos reunimos de vez en cuando a rumiar la historia, a revivir anécdotas y a buscar el por qué de los acontecimientos del 68 y para presionar, exigir que se aclare lo sucedido, se haga justicia, que no se hace porque se abriría la cloaca y caerían muchas cabezas de “gentes honorables” y, sobre todo, se empezaría a acabar la impunidad que hoy prevalece en México y quizás fuera el inicio de la aplicación real de la justicia, de la que hoy carecemos.