Cobranza ilegal

Zacatecas, Zac.- Es domingo, las 7 de la mañana y el teléfono no deja de timbrar. Irene, Jesús, Pedro, Juan, de hecho cualquier ciudadano que tenga contratado un crédito bancario o con cualquier institución financiera y se haya atrasado con su pago, puede suponer que se trata de una llamada para exigirle que se ponga al corriente o bien liquide su adeudo.

Quien está al otro lado de la línea, poco interés muestra por quién responda la llamada; de inmediato, sin aviso comienza: “Le estamos llamando del buró de cobranza para recordarle que tiene un adeudo con la empresa financiera y debe ponerse al corriente de inmediato o procederemos en contra suya judicialmente”.

Otro sistema que utilizan los despachos de cobranza, contratados por instituciones bancarias, cajas de ahorro o tiendas departamentales, es enviar “requerimientos de pago inmediato” o bien amenazas de embargo a sus deudores.

En ambos casos, las amenazas generan estrés a los deudores porque reciben notificaciones de que serán embargados en determinada fecha y hora, bajo un procedimiento que los cobradores llaman “extrajudicial”.

De acuerdo con las leyes mercantiles, únicamente un juez especialista en la materia es quien está facultado para ordenar la ejecución de un embargo, mismo que puede realizarse sin la necesidad de sustraer las pertenencias del deudor y cuando se ejecuta, el afectado no recibe notificación alguna.

De tal forma que dicho acto legal permite al deudor a mantener los objetos del embargo, siempre y cuando se comprometa a no deshacerse de ellos hasta concluir del pago de su adeudo.

En caso de venderlos o comercializarlos, caería en el delito de abuso de confianza, lo que obligaría al acreedor a tomar otras vías legales para recuperar sus pertenencias.

Es necesario mencionar que cuando un juez libera una orden de embargo, el deudor no es notificado de la acción legal en contra suya y, por tanto, no existen notificaciones ni amenazas por parte del acreedor, dado que la acción legal simplemente se ejecuta.

Antes de llegar a esta acción, será necesario que el acreedor agote las instancias legales de un juicio mercantil que comienza por buscar la conciliación entre las partes.

Acuerdos ventajosos

Los acuerdos comerciales regularmente no benefician a los deudores; en ellos, el acreedor busca obtener el mayor beneficio posible.

En estos “convenios”, el deudor, al encontrarse bajo presión y desconocer los derechos legales que le benefician, accede a entregar sus bienes al cobrador bajo la modalidad de embargo en dación.

Esta figura legal permite al acreedor a llevarse, con el consentimiento del deudor, sus bienes que cubran, y en muchos de los casos, superen el monto a pagar.

Un delito

De acuerdo con el artículo 226 del Código Penal Federal, las prácticas hostiles de cobranza constituyen un delito y son objeto de que los afectados inicien un procedimiento penal contra quien utilice la violencia física o psicológica para requerir un pago.

El Código Penal menciona: “Al que para hacer efectivo un derecho o pretendido derecho que deba ejercitar, empleara la violencia, se aplicará prisión de tres meses a un año o de 30 a 90 días de multa. En este caso sólo se procederá por aquella parte ofendida”.

Es decir, que únicamente los deudores que se sientan agredidos por sus cobradores, podrán proceder penalmente contra dichos despachos de cobranza.

Un acto de buena fe

De acuerdo con la Comisión Nacional para la Protección de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), los despachos de cobranza comenten un abuso al intimidar a los deudores de diversas instituciones financieras.

Incluso las quejas, bajo el concepto de “gestión de cobranza con maltrato y ofensa”, registradas este año suman mil 745 a nivel nacional.

Esta situación se contrapone al código de ética integrado en el convenio firmado entre la Condusef y la Asociación de Profesionales de Cobranza (Apcob) en mayo del presente año.

Dicho convenio establece: “Si bien la cobranza es el derecho que tiene la institución financiera para cobrar los pagos del capital, intereses, comisiones y otros cargos a los que, a través de un contrato, se comprometió el usuario a adquirir un servicio financiero, no significa que puedan ejercerlo de forma nociva”.

De tal forma que los despachos de cobranza no tendrían por qué realizar llamadas intimidatorias a los deudores. Sin embargo, este convenio es sólo de buena fe y no es vinculatorio legalmente, es decir, que los miembros de la Apcob no están obligados a cumplirlo.

Edna Lorena Pacheco Chávez, delegada de la Condusef, explicó que las llamadas y el hostigamiento son prácticas indebidas; por ello, “para buscar una solución es que los deudores acuden con nosotros para buscar un acuerdo con la institución financiera”.

Agregó que se busca un convenio entre deudores y la cobranza. “Lo primero que pedimos a los cobradores es que no sean agresivos y actúen dentro de la normalidad”.

El segundo paso es realizar un llamado a la institución financiera para establecer una posible solución al conflicto financiero.

De acuerdo con la funcionaria federal estos arreglos son posibles. “En muchas ocasiones basta con explicar la situación financiera del deudor y establecer un nuevo calendario de pagos”.

Acciones de mala fe

El convenio que firmaron la Condusef y la Apcob cuenta con cinco puntos que son violados de forma recurrente por los cobradores, quienes incluso cuentan con su propio Código de Ética creado por la Asociación de Bancos de México (ABM) que, presuntamente, busca mejorar y homologar las prácticas de cobranza.

En el documento, creado en abril del presente año, el organismo menciona que las acciones se deben realizar con total apego a la ley y con respeto a los clientes.

Sin embargo, es un “Código de Ética” que al igual que el convenio firmado con la Condusef, se viola de forma frecuente sin que ninguna autoridad federal pueda evitarlo.

El “Código de Ética” menciona que el horario de contacto telefónico o en el domicilio del cliente será de 7 de la mañana a 10 de la noche, pero deudores de instituciones financieras afirman haber recibido llamadas durante la madrugada.

Sin embargo, el documento indica que, de ser necesario, estos horarios podrán ampliarse, es decir dejan salvada la posibilidad de realizar llamadas durante la madrugada y días inhábiles.

Además, señala que en ningún caso podrá hacerse gestión de cobro a personas que se identifiquen como menores de edad o con alguna discapacidad, pero está comprobado que quienes realizan las llamadas, comienzan a “brindar información” sin preguntar a si la persona que está al teléfono es un niño o padece de alguna discapacidad.

De acuerdo con varios testimonios, algunos cobradores telefónicos llegan a utilizar palabras altisonantes u ofensivas, que infligen una falta de respeto hacia la persona que toma la llamada o el mensaje, aún cuando el “Código de Ética” lo prohíbe.

Además, se realizan amenazas de embargo o pérdida de libertad por el incumplimiento en sus pagos.

Las únicas acciones permitidas por el documento creado por la ABM son hacer referencia a que, de mantener el saldo vencido, el caso podría turnarse a un área de cobranza domiciliaria interna, con despachos e incluso a una gestión de recuperación judicial.

De igual forma, se indica que el ejecutivo deberá proporcionar al usuario los datos que considere necesarios para conocer las razones de su atraso.

En caso de que la institución cuente con algún esquema de negociación, el empleado podrá proporcionar, con base en las políticas de cada banco, la información para hacer un ofrecimiento al cliente.

El documento reitera que la entidad de cobranza puede hacer llamadas para recuperar los adeudos, sin hostigar al cliente o a sus referencias, situaciones que distan mucho de la realidad.

Promesas incumplidas

Otro documento, que cayó en letra muerta, es el convenio con la Condusef que reconoce el derecho de la cobranza que tiene cada institución financiera.

Dicho documento también reconoce que “la cobranza es el derecho que tiene la institución financiera para cobrar los pagos del capital, comisiones y otros cargos a los que, a través de un contrato, se comprometió el usuario al adquirir un servicio financiero”. El convenio puntualiza que esto “no significa que puedan ejercerlo de forma nociva”.

Además, establece los siguientes criterios para la cobranza:

- Ninguna persona, para ejercitar un derecho, puede emplear violencia sobre otra.

- El acreedor, o quien pretenda ejercitar un derecho, no puede utilizar ningún tipo de agresión sobre el deudor.

-La persona que se siente ofendida, tiene el derecho ante la autoridad competente los actos que lesionen su integridad física o psicológica.

Estos derechos se encuentran en los artículos 16 y 17 Constitucionales: “Nadie puede hacerse justicia por su propia mano”.

Pero esto no deja de ser un catálogo de buenas intenciones. Como ejemplo, basta leer las cartas que envía la empresa Recuperación Crediticia de México, donde advierte a su cliente: “evite acciones vergonzosas como el tener que requerirle el pago de su adeudo de forma judicial o extrajudicial ya sea en su domicilio particular o de empleo el cual podemos ubicar girando oficios de localización a las dependencia gubernamentales (IMSS, ISSSTE, IFE, INFONAVIT, FOVISTE, SSP… ETC), ya que una vez iniciado dicho proceso, éste no se suspenderá hasta que liquide la totalidad de su adeudo más los gastos y costas que se generen”.

Advierte el documento enviado por Recuperación Crediticia de México que “iniciado en primera instancia mediante la Certificación Patrimonial que podría practicarse en el domicilio registrado de este comunicado la cual tendrá por objetivo verificar la existencia del mismo, así como de los diferentes bienes (MUEBLES, MENAJE, AUTOS, ETC.) con que cuenta para garantizar el pago de su adeudo.

La empresa de cobranza realiza además la siguiente amenaza: “Es importante mencionar que en un proceso legal aun cuando los bienes no estén a nombre del deudor estos podrán señalarse en el mismo y la carga de la prueba para demostrar la no propiedad (probar que no son de UD.) estará en su contra y tendrá que hacerla valer mediante una tercería excluyente de dominio posterior al embargo, lo que seguramente le generará gastos imprevistos al tener que contratar los servicios de un Abogado para su defensa, además de poner en riesgo su patrimonio ya que una vez iniciado el proceso legal no lo suspenderemos hasta que liquide la totalidad de su adeudo”.

Destaca en este documento un lenguaje confuso y ambiguo que utiliza la empresa para amedrentar al deudor y el chantaje de buscar datos personales en instancias federales, aun cuando dicha información es privada y dichas dependencias no están autorizadas a otorgarla a terceros.

Los datos personales están protegidos por la Ley de Acceso a la Información Pública en su artículo 37, fracción IX: Establecer los lineamientos y políticas generales para el manejo, mantenimiento, seguridad y protección de los datos personales que estén en posesión de las dependencias y entidades.

Por tanto, las amenazas de este tipo de empresas resultan improcedentes y carentes de sustento legal y pueden ser demandadas penalmente por violar el artículo 226 del Código Penal Federal.

Más farsas

El mismo código de ética menciona cómo “deben y no deben” actuar quienes realizan la cobranza telefónica o personal.

Lo que deben hacer es:

Identificarse.

Negociar el pago de las deudas.

Documentar por escrito los compromisos adquiridos, debiendo constar la rúbrica de ambas partes.

Proporcionar el escrito de finiquito o de liquidación de adeudo que haga constar el pago realizado.

Ayudar a los deudores a encontrar una solución a su problemática financiera, para el cumplimiento del adeudo.

Proporcionar, a petición del deudor, toda la información sobre la integración de su saldo.

Recibir quejas, comentarios o sugerencias de los deudores, e informar el resultado al interesado.

Informar a la institución financiera cedente cuando el deudor haya cumplido con sus obligaciones de pago.

Lo que no deben hacer es:

Realizar el requerimiento de pago a menores de edad o a personas de la tercera edad.

Llamar en horarios inadecuados, antes de las 6 de la mañana y después de las 11 de la noche.

Utilizar un lenguaje obsceno o palabras altisonantes.

Hacer publicaciones de algún tipo, en la que se refiera la negativa de los pagos de deudores.

Ostentarse como representantes de órganos judiciales u otra autoridad.

Amenazar a los usuarios con penas privativas de la libertad.

Incrementar las deudas con cargos no autorizados por las leyes de la materia.

Utilizar papelería que simulen instrumentos legales.

Lamentablemente, todas estas recomendaciones de cómo no deben actuar los burós de cobranza se han convertido en un catálogo de las pautas a seguir para recuperar las cuentas de la cartera vencida.

Consumidores indefensos

La delegada de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Verónica Gallardo Ortiz, calificó de “indignas” los métodos hostiles que utilizan los despachos de cobranza.

Explicó que este tipo de problemas surgen desde el momento en que los consumidores contratan un crédito. “Frecuentemente les explican, de manera verbal, los beneficios que tendrá el adquirir este tipo de productos, pero nunca se da a conocer los posibles inconvenientes”.

Agregó que esos “inconvenientes” salen a la luz. “Porque los consumidores no leen los contratos debido a que su letra es muy pequeña. Son ahí donde están contenidas las cláusulas que explican los sistemas de cobranza y al firmarlo se acepta ese trato”.

Gallardo Ortiz consideró que estas prácticas son “tramposas” porque el consumidor nunca recibe la información completa y sólo cuando tiene problemas descubre que aceptó al firmar el contrato del crédito.

Por ello, recomendó a quienes contraten un crédito “lean el contrato, aun cuando la letra sea pequeñita; de otra forma, no conocerán de fondo las políticas de la empresa financiera y las medidas que tomarán para recuperar el adeudo”.

“Es entonces que llegan las quejas: ‘Si hubiera sabido, nunca me dijeron eso’. Pero llegan cuando es demasiado tarde”, dijo.

Por ello, insistió: “Es necesario leer los contratos antes de firmar porque existen formas tramposas de vender un crédito”.

Recomendaciones

La Condusef recomienda a los deudores, en caso de que vivan una situación de cobranza hostil:

Negociar los adeudos con un despacho de Unidades Especializadas de las instituciones financieras.

En caso de negociar el adeudo con un despacho de cobranza, es necesario solicitar un informe detallado del monto, el número de pagos, así como las condiciones, si es con “quita” (indica que sólo se va a pagar una parte del adeudo, manteniendo una calificación negativa en tu historial crediticio), o el pago total del mismo.

Solicitar por escrito el convenio, evitar malos entendidos.

En caso de existir un proceso judicial contra del deudor, el cobrador debe informar a quién está demandando y la causa.

La Condusef invita a las instituciones financieras a contratar despachos de cobranza que se rijan por este código de ética y llama a los deudores que se sientan agredidos o amenazados a denunciar ante la comisión, y donde sea necesario, este tipo de abusos.

7 conversaciones en “Cobranza ilegal

  1. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA el dijo:

    LOS BANCOS SON UNOS RATERSO DE PRIMERA, QUE REFORMEN LOS DIPUTADOS QUE TODOS LOOS CAJEROS TE DEN MONEDAS Y QUE HAYA BILLETES DE 20 PESOS, POR QUE ESO UNOS LOS DEJA EN EL CAJERO Y EN LA PROXIMA QUINCENA YA NO ESTAN.

    JUSTICIA PARA EL PUEBLO DE MEXICO…

  2. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA el dijo:

    LOS MAS RATEROS SON LOS DEL BANCOMER CON SU TARJETA SAM´S STYLE… QUE NADIE PAGUE PARA VER SI PUEDEN HACER 100 MILLONES DE JUCIOS…

  3. Por despachos como este, nos organizamos en Tlajomulco, Jalisco y desde el año pasado notarizamos una Asociación Civil de quienes fuimos engañados con créditos hipotecarios y hemos caido en cartera vencida……………..pagaremos pero lo justo.
    Iniciamos en noviembre 18 afectados y ya somos 517…..y seremos mas.
    Organícense como sociedad civil
    SUERTE

  4. Gracias por sus comentarios quisiera saber si alguien me puede ayudar le debo a financiera independenca, pero me hablan a todas horas domingos y en la madrugada me han dejado avisos con menores de edad y han ido hasta 4 personas a intimidarme, lo ultimo que acabo de entrar a trabajar y me buscaron poniendome en evidencia y en mi celular cuando yo nunca les di esos datos quisiera saber que puedo hacer contra ellos.

  5. SE DEBERÁ REVISAR LA LEY DEL INFONAVIT, EN EL CASO DE CREDITOS CON PAGOS ATRASADOS O POR DESEMPLEO, EN LOS CUALES UNA VEZ INICIADA NUEVA RELACION LABORAL, ENVIAN AL PATRON EL IMPORTE A DESCONTAR POR QUINCENA, Y POSTERIORMENTE, INFORMEN MEDIANTE CITA EN EL MISMO ORGANISMO, QUE LOS DESCUENTOS REZALIZADOS DURANTE 24 MESES, FUERON APLICADOS COMO PAGO DE RENTA, EXISTE ALGUN ARTICULO DENTRO DE LA LEY DEL INFONAVIT QUE AVALE DICHO MOVIMIENTOS

  6. faustino huerta flores el dijo:

    miren lo mas correcto,es pagar y fallas cuando menos una vez al mes,que es cuando pagamos,telefono,luz,tvcable,y no se que otros pagos,creo que es normal,y claro hablar con los gestores, a que horas nos pueden encontrar,o dejar los pagos con algun familiar de confianza mientras nos vamos al trabajo,comunicarnos con los cobradores,que tenemos problemas economicos fuertes y que son mas importantes que cumplirles a ellos,y que esta ves fallaremos,creo que tenemos derecho a fallar alguna vez,dar nuestro cambio de comicilio,comunicarnos con ellos a donde pueden cobrarnos, por mensaje o telefono movil,nunca esconderse,porque nos exponemos a pasar verguenzas en publico,salir y dar la cara