Zacatecas, Zac.- A pesar de que se confirmó la existencia de sexoservidores infectados con el VIH Sida, el ayuntamiento capitalino, al igual que las autoridades de salud, se declaró incompetente para atender el problema.

Héctor Rafael Jiménez, secretario de Desarrollo Económico y Social, reconoció que la modificación que se realizó en el reglamento municipal, en el 2006, deja como incompetentes a las autoridades capitalinas al atender y regular dicha situación, debido a que las trabajadores sexuales necesitan una revisión, que incluso la marca el reglamento; pero el municipio no tiene las instalaciones ni el personal propio de salud para hacerlo.

Por ello, añadió, se realizó un convenio de trabajo con las autoridades de salud.

Se tienen registradas 68 sexoservidoras de base y un promedio de 30 por medio en la zona de tolerancia; sin embargo, tampoco se tiene un control de la prostitución que se hace en la vía pública, a pesar de que es un problema que ha aumentado, según reconoció el funcionario.

“El reglamento es austero, tiene muchas lagunas en el tema de sanciones. No especifica cómo llegar a esa sanción y esa es parte de la reglamentación que se tiene que atender ahorita para tener respaldo legal para actuar, de modo que no se nos revierte en derechos humanos; es urgente se modifique la ley, para que de inmediato se dicten sanciones”, destacó.

Tras asegurar que los dueños de los centros nocturnos en la zona de tolerancia mostraron disponibilidad de vigilar más dicha situación, Rafael Jiménez comentó que una de sus preocupaciones es la disminución de visitantes debido al aumento de la prostitución callejera y de aquella que se realiza a través de la promoción en medios impresos.

“En la prostitución callejera hay más riesgo, e incluso los que se anuncian con servicios a domicilio, porque no se tiene ningún control; los mismos dueños de los establecimientos están preocupados por ésta situación…nosotros tampoco tenemos competencia ni la autoridad para regular el problema, por eso urge se modifique el reglamento”, refirió.

Sin embargo, después de tres años de haberse modificado y a pesar de lo peligroso del problema, las autoridades municipales apenas están por discutirlo ante el cabildo.

Por otra parte, debido a la crisis económica, los trabajadores sexuales pidieron que el ayuntamiento los apoye con el pago de las revisiones y análisis clínicos, los cuales tienen un costo de entre 100 y 400 pesos, mismos que se tienen que realizar mensual y trimestralmente.

“Mediante ese esquema, vamos a trabajar a partir de enero y hacer la comisión de legislación de los regidores, que es la de modificar nuevamente el reglamento de modo urgente”, puntualizó.