Zacatecas, Zac.- Eran las 9:30 de la mañana cuando más de 200 mineros, a bordo de seis camiones, intentaban llegar a la capital de estado a una reunión con la gobernadora del estado, Amalia Dolores García Medina, que ella misma convocó meses atrás, con el objetivo de acordar algo a favor de los mineros que permanecen en huelga en el municipio de Sombrerete.

Pero justo al llegar al reten militar en la comunidad “Las Arsinas”, en el municipio de Guadalupe, ya los esperaba un fuerte dispositivo de seguridad que de inmediato les impidió el paso.

Los titulares de la Policía Federal Preventiva (PFP), al igual que la estatal, además de agentes de Tránsito del estado, se paseaban de un lado a otro hablando por teléfono como recibiendo ordenes, mientras que algunos mineros se postraron en la sombra a descansar.

Según José Ángel Hernández, delegado del comité ejecutivo nacional del Sindicato Minero, la justificación de los oficiales de impedirles el paso fue porque los camiones no traían algunos papeles en regla.

Después de tres horas, el comandante de la PFP, Tiburcio Hernández, dio la orden de que los mineros representantes de más de 60 secciones del país continuarán su rumbo hacia palacio de gobierno.

El contingente avanzó, ya sin la presencia de la PFP, menos de un kilometro, cuando nuevamente fueron interceptados por cerca de 100 elementos policiacos estatales, municipales, tránsitos y antimotines, quienes les impidieron avanzar.

Cerca de 20 elementos de las diferentes corporaciones, debidamente armados, rodearon las unidades y resguardaron las puertas de las mismas, prohibiendo que salieran los mineros.

Antonio Caldera, director de Tránsito del Estado, encabezó el operativo, y sostuvo que el bloqueo se realizó debido a que “no había seguridad para que pudieran entrar a la ciudad, ya que manifestaban realizar un plantón que puede afectar y bloquear una vialidad.

“Pero ahorita vienen los operadores políticos de gobierno del estado a dialogar con ellos, para regresarlos a su lugar de origen; o bien estar en una mesa de negociación, para que sean atendidos y no causen ningún problema en la capital”, indicó.

Mientras tanto, a bordo de una unidad, Daniel Cosío, secretario general de la LXIV de Torreón, Coahuila, advirtió que no se moverían del lugar hasta que se llegara a un acuerdo directo con la gobernadora.

“La gobernadora nos citó a las 11 de la mañana; desde hace dos meses estuvimos tratando varias citas con ella y fuimos al palacio de gobierno, con el secretario y con el procurador de justicia, con quien nos iba a solucionar el problema; pero no hemos visto ningún avance, por eso nos venimos para acá, a darles el apoyo a los compañeros de San Martín. Venimos de manera pacífica pero nos tratan como delincuentes”, denunció.

Quince minutos después los mineros comenzaron a desesperarse, pues los elementos que resguardaban cada autobús no les permitían siquiera abrir las ventanas.

“No podemos respirar adentro y no nos dejan abrir las ventanas, y tenemos mucha sed, nos estamos secando, no nos dejan agarrar oxígeno; nos tienen secuestrados, pero cada uno de nosotros vamos a poner la denuncia en nuestros estados, por lo que nos están haciendo, porque no es justo”, advirtieron.