Cada uno de los 20 regidores guadalupenses que entraron en funciones a mediados de septiembre de 2007 y están a seis meses de concluir su gestión reciben cada mes hasta 60 mil pesos por concepto de dieta –salario– y gastos de gestión.

El descomunal derroche de fondos públicos está planamente documentado en diferentes registros oficiales a los que tuvo acceso NTR Medios de Comunicación.

De los regidores en funciones, la mayoría (12) pertenecen al Partido de la Revolución Democrática (PRD) y para cuando llegaron al cargo, como parte de la planilla encabezada por el ahora diputado federal Samuel Herrera Chávez, encontraron que ya “todo estaba arreglado”, según dijo uno de ellos.

El problema, sin embargo, es que al recibir cantidades de dinero que algunos ni siquiera habían soñado, a finales de año intentaron etiquetar, del Fondo Único (Ramo 28), un millón de pesos para cada uno, porque en septiembre dejarán de “trabajar”.

Los integrantes del cuerpo edilicio tienen obligación de acudir a una sesión de trabajo por mes y, aunque forman parte de diversas comisiones, normalmente se dedican más a los asuntos partidistas.

Como “representantes” comunitarios, los regidores de Guadalupe y normalmente de cualquier otra demarcación, se convierten en primer contacto con ciudadanos que requieren apoyo para compra de medicinas, pago de servicios públicos y hasta para adquirir alimentos.

De ahí que los “apoyos”, casi siempre entregados a cambio de lealtad a los colores del partido político al que pertenezca el regidor que los otorga, puedan comprobarse con una simple firma, auténtica o no, en una simple hoja de libreta.

A la fecha, cada regidor obtiene aproximadamente 14 mil pesos mensuales por concepto de “dieta” y tres veces esa cantidad para que, a su real entender, destinen a lo que mejor les parezca.

El problema es que decenas de trabajadores con muchísimos años de antigüedad y hasta policías municipales prácticamente viven al día, cuando bien les va, mientras que el despilfarro continúa y podría agravarse si los “representantes” comunitarios se salen con la suya y logran una “liquidación” equivalente a un año y medio de sus percepciones actuales.