México.- El contralor general del Gobierno del DF, Ricardo García Sáinz, admitió que en la Ciudad existe un régimen de corrupción entre funcionarios y desarrolladores del sector inmobiliario.

Entrevistado sobre las denuncias en torno a la existencia de una red de corrupción en la anterior Administración de Cuajimalpa, aseguró que la información partió de la dependencia a su cargo, donde se elaboró el expediente e inició la investigación.

En este sentido, García Sáinz consideró que no se trata de una red de corrupción en esa Delegación, puesto que, en todo caso, se trata de un sistema, una fórmula de uso frecuente en el DF.

“Existen casos donde se otorgan licencias sin cuidar asuntos normativos, o bien, existen casos de omisión. La omisión es lo más recurrente. Vivimos en un régimen de corrupción que no podemos negar, con venta de protección, pero, sobre todo, omisiones.

“El no hacer nada por parte de los funcionarios es la omisión; no revisan. Por eso nuestro trabajo es la revisión periódica del ejercicio del Gobierno y el actuar de los funcionarios”, explicó el contralor a pregunta expresa.

Sobre el caso de los permisos de ocupación irregulares otorgados en la Administración de Remedios Ledesma al desarrollo City Santa Fe en Cuajimalpa, dijo que no es un hecho aislado, pues ese modo de actuar forma parte de las investigaciones que recurrentemente realiza la Contraloría para detectar anomalías administrativas u omisiones en verificaciones a construcciones.

De hecho, en el escritorio del contralor hay una carpeta con un reporte mensual sobre presuntas anomalías similares detectadas en distintas delegaciones.

Al ser cuestionado sobre el ex contralor interno en Cuajimalpa, Abel Hernández, quien debió detectar esas irregularidades, dijo: “Ya no trabaja con nosotros”.

- ¿Existen cuotas periódicas para funcionarios, como lo denunció Orvañanos?, se le cuestionó.

“Sí”, respondió.

- ¿Son del monto que dice Orvañanos, de hasta 2.5 millones de pesos?

“Depende el desarrollo, la licencia. Lo más fácil para ellos es no hacer nada, la omisión, la venta de protección para evitar el asedio de la revisión, y eso lo debemos detener”, expresó.

En 2009, la Contraloría del DF inició la investigación de 16 mil 258 casos registrados por los órganos internos de las 16 demarcaciones y de la propia dependencia capitalina. De éstos, en 695 se fincaron responsabilidades a algún funcionario público.

Y, aunque García Sáinz no precisó la cifra de cuántos de estos casos estaban relacionados con temas inmobiliarios, admitió que sí es un rubro “socorrido”.