México.- Los defensores de derechos humanos en México enfrentan en general la oposición de intereses económicos, poderes fácticos y hasta de autoridades, ya sea por acción u omisión, aseveró la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas.

En el “Informe sobre la situación de las y los defensores de derechos humanos en México”, esa oficina de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) señala problemáticas particulares para los promotores de garantías económicos, sociales, culturales y ambientales.

En general, precisa, dichos activistas trabajan en contextos de gran desigualdad económica y social, con graves asimetrías de desarrollo regional.

“Suelen enfrentarse a poderosos interese económicos, como complejos turísticos, inmobiliarios, proyectos de infraestructura y compañías transnacionales que por lo común los tratan con exclusión y discriminación”, añade el documento.

Más crítico se vuelve el caso cuando se defienden los derechos de las personas al agua, el medio ambiente, la alimentación o vivienda, en tanto muchas autoridades actúan de manera omisa, con el argumento de que son conflictos entre particulares.

En el caso las defensoras de los derechos de las mujeres “ha sido común que las autoridades no ofrecieran una protección adecuada y no cumplieran con su responsabilidad de investigar y sancionar a los responsables, así como de reparar a las víctimas”.

“Por otra parte, las defensoras están mayormente expuestas a la violencia basada en el género, la cual se expresa desde la agresión verbal hasta la violencia sexual y el hostigamiento”, alerta.

Respecto a quienes defienden a los migrantes, el informe señala que el principal riesgo se relaciona con quienes denuncian actividades del crimen organizado.

Según los promotores de derechos humanos consultados para elaborar el informe, “en ocasiones las autoridades han sido cómplices de extorsión, secuestro y trata de personas contra migrantes o han actuado en forma negligente cuando de han presentado denuncias”.

Cuando se trata de respetar a indígenas, por lo general existen enfrentamiento con intereses económicos, usualmente por recursos naturales o incluso se les considera una amenaza al sistema político formal.

Al respecto, el informe cita al relator especial sobre la Situación de los Derechos Indígenas de la ONU, Rodolfo Stavenhagen, quien expone que esos grupos “no poseen seguridad jurídica en cuanto a la tendencia de la tierra, por la lentitud y la corrupción que ha caracterizado a los trámites agrarios, así como los intereses de diversos particulares”.

El documento señala que hay un uso impropio del sistema penal, que ha permitido que conflictos sociales concluyan en conflictos penales.

Para el caso de los periodistas, considerados por su labor como defensores de derechos humanos, se citan dificultades que van desde la línea editorial de los medios hasta agresiones directas, e incluso asesinatos.

Se utiliza al sistema penal para silenciar la libertad de expresión, especialmente en poblaciones indígenas y la restricción y restricción y censura es ejercida por algunos poderes fácticos.