Aunque Carlos Zamarripa, procurador de Justicia del Estado, lo niega, documentos oficiales prueban que 150 mujeres fueron investigadas por el delito de aborto entre enero de 2000 y octubre de 2009 y siete fueron sentenciadas por homicidio en razón de parentesco “en agravio de su menor hijo (a) en gestación”.

En ese periodo, de 11 mujeres procesadas por aborto, nueve fueron sentenciadas en los juzgados de Celaya (1), Irapuato (1), Silao (1), San Miguel Allende (1), Guanajuato (1), León (1), San Francisco del Rincón (1), Valle de Santiago (1) y Santa Cruz de Juventino Rosas (1), describe un oficio de la presidenta del Poder Judicial del estado de Guanajuato, Raquel Barajas.

En el escrito, dirigido a la directora del Centro Las Libres, Verónica Cruz Sánchez, la magistrada incluye un anexo con la información requerida por la lideresa “sobre el número de mujeres procesadas y sentenciadas por el delito de aborto en cada uno de los penales en el periodo de enero de 2000 a septiembre de 2008”.

Las 11 procesadas fueron en León (3), Celaya (2), Irapuato (2), Guanajuato (1), San Miguel de Allende (1), Santa Cruz de Juventino Rosas (1) y San Luis de la Paz (1), afirma la magistrada en un documento membretado, con su firma y sello oficial.

El procurador Zamarripa rechazó que exista la integración de averiguaciones previas por la suspensión del embarazo.

“Hasta este momento no tenemos ninguna mujer, ninguna sola mujer que esté siendo procesada y menos que se encuentre recluida en alguno de nuestros Ceresos, en ningún caso, quiero reiterar, en ningún caso hay una mujer siendo procesada o que se encuentre detenida por el delito de aborto”, aseguró el fiscal de Guanajuato ante la protesta pública de la organización feminista Centro Las Libres.

Ese organismo documentó que 160 mujeres han sido investigadas por la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guanajuato (PGJEG) por el delito de aborto en los últimos 10 años; de éstas, nueve compurgan sentencias en libertad condicional y seis en prisión, porque aunque abortaron, fueron sentenciadas por homicidio en relación familiar.

El viernes pasado, el procurador denostó las estadísticas exhibidas por la organización feminista que protestó por la criminalización institucional. “Nuestras opiniones si son informadas, si son serias y si son responsables. Adquieren una mayor valía, pero me parece que de estas características adolecen estas afirmaciones (difundidas por las Libres). Escuchaba que de enero a la fecha había 30 casos y de enero a la fecha no hay ni un solo caso que esté siendo materia de un proceso penal en nuestro estado”, señaló Zamarripa.

La Unidad de Acceso a la Información Pública del Estado de Guanajuato informó que la PGJ inició 150 averiguaciones previas en el periodo de enero de 2000 a octubre de 2009, por la investigación de conductas que podían configurar el delito de aborto. En respuesta a la solicitud de información con folio 7745, del 24 de noviembre de 2009, agrega como “dato adicional” que en el estado de Guanajuato ninguna mujer purga condena privativa de la libertad en los Centros de Readaptación Social del Estado, por la comisión del delito de aborto.

Otro reporte de la PGJEG de abortos por municipio en el periodo del 1 de enero de 2000 al 31 agosto de 2008, desglosa 150 casos en 28 municipios de la entidad, la mayoría en Celaya (22), Irapuato (19), León (14), Salamanca (11), San Miguel de Allende (9) y Guanajuato (9), antes de la reforma a la Constitución local (mayo de 2009), que garantiza el derecho a la vida desde la concepción.

Hasta septiembre pasado, 30 mujeres estaban recluidas por homicidio en razón de parentesco, que alcanza una pena máxima de 35 años; de éstas, siete porque la “comisión del delito fue en agravio de su menor hijo (a) en gestación”, de acuerdo con los oficios 6565 y 6899/2009 de la Dirección General de Ejecución Penitenciaria y Readaptación Social del Estado.

En gestación, eso es aborto, explicó la lideresa de Las Libres. En Guanajuato, las mujeres que tienen un aborto son procesadas por un delito grave para encarcelarlas.

La estadística incluye a Alma Yareli Salazar Saldaña, quien después de 765 días en prisión fue liberada el 9 de junio pasado, absuelta porque no se acreditó la autoría criminal en el homicidio en razón de parentesco de que fue acusada por el Ministerio Público. El procurador del estado precisó que la mujer exonerada por la Décima Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia incurrió en homicidio, no en aborto.

“Aquí vale puntualizar que Alma estaba siendo procesada por el delito de homicidio en razón de parentesco, es decir, una situación muy diversa, no por aborto”.