Washington. La Cámara de Representantes de Estados Unidos podría votar el martes una legislación de seguridad fronteriza, avanzando con rapidez para adoptar las nuevas medidas sobre inmigración aprobadas por el Senado la semana pasada.

El gobierno de Barack Obama instó a la aprobación del programa, que proveería 600 millones de dólares para contratar a 1.500 agentes federales adicionales a fin de patrullar la frontera con México.

La inmigración ilegal se ha convertido en un tema político explosivo y podría jugar un rol importante en las elecciones legislativas del 2 de noviembre.

Pero debido a un tecnicismo de procedimiento, el presidente Obama probablemente tendría que esperar al menos hasta septiembre para convertir el proyecto en ley con su firma, de ser aprobado por la Cámara baja.

Asesores del Congreso dijeron que dado que las iniciativas sobre fondos deben originarse en la Cámara de Representantes, la versión de la legislación aprobada por la Cámara baja debería volver al Senado para su confirmación.

Pero la Cámara alta se encontrará en receso hasta mediados de septiembre.

Además de agregar agentes a la frontera sur, el dinero incrementaría el uso de aviones no tripulados, mejoraría las comunicaciones entre las agencias federales y ayudaría a financiar las investigaciones de actividad de narcotráfico en la frontera.

El patrocinador de la medida en la Cámara alta, el senador demócrata por Nueva York Charles Schumer, dijo que espera que la medida pueda ser un primer paso hacia una reforma inmigratoria exhaustiva.

Los republicanos y algunos demócratas dicen que no considerarán la reforma inmigratoria a menos que se mejore la fiscalización, declaró Schumer la semana pasada.

Obama y sus aliados del Partido Demócrata apoyan una reforma exhaustiva para reforzar la seguridad, pero también desean que se permita que los cerca de 11 millones de inmigrantes ilegales en Estados Unidos sean puestos en una vía que les permita alcanzar la ciudadanía.

La legislación financiará las nuevas medidas fronterizas al elevar los cargos que se cobran por solicitudes de visas a un grupo selecto de compañías que operan en Estados Unidos y “explotan” la ley estadounidense para importar trabajadores desde el extranjero, explicó Schumer.

Sólo las compañías con más de que 50 empleados en las que más de la mitad de la fuerza laboral esté compuesta por extranjeros con visas H-1B y L se verían afectadas, dijo Schumer. Esas visas usualmente son concedidas a trabajadores extranjeros con capacidades especiales.

Asesores del Senado dijeron que ésto afectaría a cuatro compañías de India que operan en Estados Unidos: Tata, Infosys, Wipro y Mahindra Satyam.