Don Ponciano, el recaudador, le decía a mi abuela cuando le entregaba las rentas: “Doña Mariquita, las cuentas claras, amistades largas, y el chocolate espeso”. Resulta que ahora la entrega- recepción se ha entrampado; una nueva estrategia ha surgido desde Palacio para dificultar el tránsito de gobierno amarillo a gobierno tricolor. La administración perredista ha decidido que la entrega sea virtual, nada de papeleo, que eso lleva mucho tiempo, y además lo firmado ‘pos firmao está’. Se ha determinado por parte de los entregadores que sólo se les dará la información en disco compacto, en cd, una información digitalizada. Que tal vez los expertos nos saquen de dudas y nos digan que la información que contendrán esos cd’s no es información digital. Pero dejemos esas pequeñas dudas de lingüística computacional y pasemos a lo importante.

La información se entregará en varios cd’s, dos para los receptores, dos para los entregadores, uno para el titular de la dependencia, y uno para un notario público que escogerá el que entrega. En caso de que haya distintas versiones de información en los discos, de que se hayan borrado, infectado, o afectado algún archivo la información válida será la contenida en el cd del notario público. Entonces ¿para qué tanto disco compacto? Si el único disco que tendrá validez será el del notario público, los demás salen sobrando. Pero el problema es más grande, no sólo se trata de unos cuantos discos, sino de los valores y principios que se dice defender.

Recordarán estimados lectores que hace tiempo se deshacían algunos medios de comunicación locales y algunos intelectuales de renombrado prestigio en alabanzas a la gobernadora Amalia García, pues la consideraban la pionera en el derecho a la información, que gracias a su impulso y a su política el derecho a la información pública era ya un derecho consagrado y defendido en nuestra Constitución federal. El partido negro–amarillo se jactaba de que eran ellos los que habían logrado, gracias al impulso de la gobernadora de Zacatecas, insertar en la Constitución de la República la obligación del Estado de informar a sus ciudadanos y el derecho y garantía de los gobernados de exigir y obtener la información de los órganos públicos.

Pero lo que era luz afuera en nuestro estado era sombra. La transparencia y la entrega de información pública no eran un sello distintivo del gobierno perredista; recuerde usted, caro lector, cuando la gobernadora manifestaba que había ordenado al secretario de Obras Públicas que socializara la información sobre el segundo piso del bulevar Adolfo López Mateos, ante la inconformidad de algunos ciudadanos. La Legislatura del Estado, uno de los “poderes” soberanos, le solicitó al Poder Ejecutivo que le proporcionara la información sobre los contratos de Ciudad Gobierno para revisarlos y poder auditar la obra. La información tardó mucho tiempo en llegar a la Legislatura, y eso que no hay más de un kilómetro de distancia entre los edificios de ambos poderes.

La Ley de Acceso a la Información Pública fue reformada el 30 de agosto de 2008, mediante el decreto número 120; entre otros dispositivos se reformó el artículo 9, para liberar a los fideicomisos públicos de la obligación de informar sobre su situación financiera, la fracción V de ese artículo literalmente dispone: Los destinatarios y beneficiarios de toda entrega de recursos públicos, cualquiera que sea su destino y aplicación; excepto en el caso de programas de financiamiento, a través de fideicomisos públicos en los cuales la información se considerará confidencial, por estar referida a su patrimonio;… Por lo que podemos preguntar al aire ¿cuántos fideicomisos públicos hay en Zacatecas? No lo sabremos, ya que esa información es confidencial, bajo uno de los argumentos más contradictorio que alguien haya imaginado: “por estar referido a su patrimonio”… Con ese mismo argumento, cualquiera de las dependencias podrá negarse a proporcionar la información que algún ingenuo particular le solicite, pues como se trata de su patrimonio considerará que tal información es confidencial.

Los presidentes municipales podrán negar información referida a su patrimonio, que por coincidencia es también el del municipio, pues disponen de los fondos públicos de manera discrecional y sin dar cuenta a nadie; si hay problemas al final del trienio se solucionan con un bono al síndico y a los regidores, sin temor de que alguien les exija cuentas claras, ya que la Contraloría Interna y la Auditoría Superior del Estado cumplen su histórica función de carabinas de Ambrosio, o de Infantas, inútiles pero con cargo al erario. Un dato más, el contrato entre gobierno del estado y la empresa constructora de Ciudad Gobierno es violatorio de las constituciones general y local; además viola también las disposiciones de la Ley de Acceso a la Información del Estado. La cláusula de privacidad o secrecía inserta en ese contrato de Proyecto para Prestación de Servicios (PPS) atenta contra el derecho a la información que la gobernadora Amalia García promovió para que se convirtiera en una garantía constitucional.

¿Et maintenant? El traspaso del gobierno se complica, se le han atravesado obstáculos adicionales para evitar que los nuevos funcionarios puedan obtener de manera anticipada la información sobre el estado que guardan los diversos asuntos de cada una de las dependencias del Poder Ejecutivo. No se vale, los zacatecanos no merecemos eso de ningún gobierno, mucho menos de un gobierno que se dice democrático, de izquierda.

La pregunta: ¿A cuánto asciende el presupuesto ejercido hasta el día de hoy? ¿El mega presupuesto histórico alcanzará para terminar el año?