Observador agudo, juzgador imparcial y con la sensibilidad de quien tiene un trato cotidiano con personas de distintas clases sociales, el obispo describe a la máxima autoridad civil “el estado moral y político” en que se encuentra el país y advierte sobre el mayor problema del momento: la desigualdad.

Después de concluir que una minoría posee la mayor parte de la riqueza y una mayoría se encuentra desposeída y en la miseria, el obispo advierte: “resulta entre ellos (los desposeídos) y la primera clase aquella oposición de intereses y de afectos que es regular en los que nada tienen y los que lo tienen todo, entre los dependientes y los señores. La envida, el robo, el mal servicio de parte de los unos; el desprecio, la usura, la dureza de parte de los otros. Estas resultas son comunes hasta cierto punto en todo el mundo. Pero en América suben a muy alto grado, porque no hay graduaciones o medianías; son todos ricos o miserables, nobles o infames”.

En opinión del obispo, esta desigualdad se perpetúa y reproduce, en gran medida, por un sistema de justicia que se ha corrompido y se encuentra al servicio de los poderosos. “Los alcaldes mayores no tanto se consideraban jueces como comerciantes, autorizados con un privilegio exclusivo y con la fuerza de ejecutarlos por sí mismos, para comerciar exclusivamente en su provincia y sacar de ella en un quinquenio desde 30 hasta 200 mil pesos… Por necesidad deben prostituir sus empleos, estafar a los pobres y comerciar con los delitos. (Estos empleos judiciales) los pretenden solamente los fallidos o aquellos que, por su conducta y su talento, no hallan medio de subsistir en las demás carreras de la sociedad. En tales circunstancias, ¿qué beneficencia, qué protección podrán dispensar estos ministros de la ley a las clases desposeídas? ¿Por qué medios podrán obtener su benevolencia y respeto, cuando es necesaria en sus profesiones la extorsión y la injusticia?”.

Las leyes injustas tienen buena parte de responsabilidad en esta situación. “¿Qué intereses pueden unir a estas clases entre sí, y a ellas con las leyes y el gobierno? La primera clase tiene el mayor interés en la observancia de las leyes que le aseguran y protegen su vida, su honor y su hacienda y sus riquezas contra los insultos de la envidia y los asaltos de la miseria. Pero las otras clases que no tienen bienes ni honor ni motivo alguno de envida para que otro ataque su vida y su persona, ¿qué aprecio harán ellas, de las leyes que sólo sirven para medir las penas de sus delitos? ¿Qué afección, qué benevolencia pueden tener a los ministros de la ley, que sólo ejercen su autoridad para destinarlos a la cárcel, a la picota, al presidio o a la horca? Se dirá que, para conservar al pueblo en la subordinación a las leyes y al gobierno, basta con el temor de las penas. Dos clases, dice un político, hacen vano este resorte: la de los poderosos que rompen la red y la de los miserables que se deslizan entre sus mallas. Si en Europa tiene lugar esta máxima, ella es mucho más poderosa en América, en donde el pueblo vive sin casa, sin domicilio y casi errante”.

El obispo advierte que esta situación de desigualdad, leyes injustas y autoridades venales no puede prolongarse indefinidamente, ya que causaría serios trastornos sociales. Propone entonces abolir privilegios y tributos injustos que no permiten despegar a la economía interna ni promueven la movilidad social. Y sugiere a la autoridad un plan de ocho puntos, para construir “un gobierno liberal y benéfico para toda la población”.

“Lo primero, la abolición general de tributos en las dos clases bajas. Lo segundo, la abolición de infamia de derechos que afectan a las referidas castas: se declararán honestas y honradas, capaces de obtener los empleos civiles que no requieran nobleza, si los merecieses por sus buenas costumbres. Lo tercero, división gratuita de todas las tierras realengas entre los indios y las castas. Lo cuarto, división gratuita de las tierras de comunidades de indios entre los de cada pueblo. Lo quinto, una ley agraria en que por medio de locaciones y conducciones de veinte o treinta años, se permita al pueblo la apertura de tierras incultas de los grandes propietarios, a justa tasación en casos de desavenencia. Lo sexto, libre permisión de avecindarse en los pueblos de indios y construir en ellos casas y edificios pagando el suelo o la renta correspondiente, a todas las clases. Lo séptimo, dotación competente de todos los jueces territoriales, que deben servir estos empleos gratuitamente como cargos concejiles. Lo octavo, si a esto se agregase la libre permisión de fábricas de algodón y lana, se aumentaría el impulso de las otras providencias económicas con que el pueblo debe dar el primer paso a su felicidad”.

El jerarca de la iglesia católica concede la mayor importancia a la ley agraria. “La ley agraria envuelve en sí el único medio que existe de reducir a sociedad a la población dispersa, sin lo cual es imposible dar costumbres, civilización ni cultura a la masa general del pueblo”. Esta ley, junto con la abolición de privilegios y tributos, “constituyen la base principal de un gobierno liberal y benéfico”.

Sin conocimientos doctos de economía, pero dotado de un gran sentido común, el obispo recuerda a la máxima autoridad de América que la pérdida de ingresos de la Hacienda pública por esta abolición de impuestos será temporal, ya que el mayor ingreso en las clases menesterosas reactivará la producción y el consumo de la economía y el gobierno podrá obtener más ingresos de estas actividades que de los tributos directos cobrados a una población empobrecida.

Esta carta fue escrita hace 231 años (1779) por el obispo de la Nueva España, Manuel Abad y Queipo, y dirigida al Rey Carlos III. Mucho de los planteamientos y demandas de este documento fueron recogidos más tarde por los insurgentes de 1810 y los reformadores liberales de mediados del siglo XIX. Este documento nos recuerda que, desde hace dos siglos, la desigualdad, las leyes injustas y la corrupción de los gobiernos son causas de sendas rebeliones y revueltas populares. Una lección histórica que no está de más recordar en este bicentenario del inicio de nuestra Independencia.

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