Zacatecas. Fueron integrados oficialmente contenidos sobre el derecho a saber, la honestidad y la transparencia en los planes de estudio de secundaria del estado de Zacatecas con la finalidad de promover entre los jóvenes el conocimiento de la garantía de acceso a la información pública y el marco normativo que lo regula.
Así lo informó Juana Valadez Castrejón, comisionada de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública (CEAIP), al dar a conocer que personal del departamento de Promoción de la Cultura y Capacitación de la institución trabajó durante un año con especialistas del área de Programas de Desarrollo de la Secretaría de Educación y Cultura (SEC), a fin de poder integrar contenidos sobre transparencia en alguna asignatura estatal de nivel secundaria.
Las primeras pláticas se impartieron en Miguel Auza y Monte Escobedo a estudiantes de secundaria.
Valadez Castrejón mencionó que se logró incluir aspectos relacionados con la honestidad y la transparencia, así como recursos informativos como la propia Ley de Acceso a la Información dentro de la asignatura estatal de primero de secundaria “Jóvenes Zacatecanos por una Cultura de la Legalidad” para el periodo 2010-2012, la cual abarca contenidos vinculados a las garantías individuales y sociales como es el derecho a la información establecido en el Artículo Sexto de la Constitución.
Mencionó que las reformas que se hicieron a la asignatura estatal de Zacatecas por parte del Departamento de Programas de Desarrollo, ya fueron aprobadas por la Secretaría de Educación Pública (SEP) y publicadas en el Catálogo Nacional 2010 de programas de estudios.
A partir del próximo ciclo escolar los nuevos contenidos comenzarán a impartirse en el primer año de secundaria a todos los estudiantes en la entidad que cursen la asignatura.
Por último dijo que la integración del derecho a la información en programas académicos es una obligación a partir de la reforma a la Ley General de Educación, la cual fue modificada en su Artículo Séptimo al añadirle la fracción XIII que establece que es una obligación de los Estados fomentar la cultura de la transparencia y la rendición de cuentas, así como el conocimiento en los educandos de su derecho al acceso a la información pública gubernamental y de las mejores prácticas para ejercerlo.