La legislatura de Texas analiza un plan que contempla que las policías locales y estatales estén autorizadas -aunque no se les requerirá- para ayudar a implementar las leyes federales de inmigración.

La propuesta es bien diferente de las duras medidas presentadas por algunos legisladores, pero aún así causó discusiones emotivas en un panel de la Cámara Baja anoche.

Unos 1.6 millones de indocumentados viven en Texas, de acuerdo con cifras del Cetro Pew Hispano en Washington.

Decenas de partidarios y detractores atestaron una sala de audiencias en las afueras del Capitolio de Texas, deseosos de expresar sus opiniones pese lo avanzado de la hora.

Los partidarios dijeron generalmente que la legislación ayudaría a la Policía a identificar a inmigrantes sin papeles que cometen delitos en el estado. Los críticos dijeron que llevaría a hostigamiento a personas por razones raciales y distraería de tareas policiales importantes.

El autor de la propuesta, el republicano Burt Solomons, dijo que la ley prohibiría que las llamadas ”ciudades santuarios” y agencias del orden adoptasen políticas que impiden que investigadores policiales provean asistencia en el cumplimiento de leyes de inmigración.

El gobernador republicano de Texas, Rick Perry, puso el asunto en debate acelerado en el Capitolio tras hacerlo tema central de su campaña de reelección en 2010.

A diferencia de la nueva ley de inmigración de Arizona, partes de la cual están siendo impugnadas en los tribunales, la propuesta conocida como Proyecto de Ley 12 no requeriría que los policías inquieran sobre el status de inmigración o implementen leyes federales cuando las personas sean detenidas, pero la ley no permitiría que una agencia policial adopte reglas que les prohíben a los agentes hacerlo.

Solomons dijo que su propuesta establecería ”una política uniforme coherente” en todo el estado. ”Pienso que no hay nada en esta ley que requiera que un Policía haga una pregunta que no piensa que deba hacer”, dijo. ”No estamos ordenando nada”.

Había sido presentada una propuesta similar a la ley de Arizona, pero el gobernador Perry ha estado trabajando con Solomons en la propuesta más moderada.