MÉXICO, DF. La decisión de los diputados Arturo Zamora (PRI) y Gregorio Hurtado (PAN) de impugnar cuatro artículos del dictamen que modifica la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los cuales buscan ampliar y fortalecer las facultades del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, es parte de una embestida contra el instituto y la transparencia, advierte Jacqueline Peschard.

La comisionada presidenta del IFAI asegura que las reservas promovidas por algunos legisladores para discutir en lo particular artículos que, entre otras cosas, establecen el carácter definitivo e inapelable de las resoluciones del IFAI, es un ataque al organismo y al derecho de los ciudadanos a conocer la manera en la que el gobierno toma decisiones y ejerce los recursos públicos.

“Sí es una embestida porque es un intento fuerte de frenar algunos artículos que están en la reforma… no es un ataque propiamente al IFAI, es un ataque a la transparencia, a este proceso de ir asentando lo que es el sentido de la transparencia, que es una responsabilidad de los funcionarios públicos para con un derecho de los ciudadanos”, sostiene.

El 1 de marzo pasado, la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados aprobó en lo general la minuta de reforma a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública enviada por el Senado de la República; no obstante, a solicitud de los legisladores Gregorio Hurtado del PAN y Arturo Zamora del PRI, reservó para su discusión en lo particular los artículos 18 bis, 46, 55 y 59.

El artículo 18 bis establece que, sin excepción, las dependencias públicas no podrán ocultar información sobre los fideicomisos cuando éstos reciban recursos públicos; los artículos 46 y 55 obligan a las instituciones de gobierno a elaborar los documentos correspondientes cuando una solicitud ciudadana haga referencia a información que no exista en sus archivos y el artículo 59 establece el carácter definitivo e inatacable de las resoluciones del IFAI.

Los legisladores que impugnaron dichos ordenamientos propusieron que, en el caso de los fideicomisos, en la ley se incluya la posibilidad de que cuando un tercero argumente una afectación, pueda ser convocado por el instituto a fin de conocer su opinión.

En el caso del artículo 59, la propuesta es eliminar los conceptos “definitivo” e “inatacable” y establecer que el Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa pueda analizar y, en su caso, revertir las decisiones del IFAI.

Jacqueline Peschard asegura que la aprobación de estos artículos tal y como se encuentran en la minuta enviada por el Senado no es un capricho de los consejeros del IFAI, sino una condición necesaria para eliminar la reticencia que aún prevalece en materia de rendición de cuentas.

“Los riesgos de que no se apruebe -la minuta enviada por el Senado- es que no se acate el mandato del 6º constitucional, que no es un riesgo menor; el riesgo es que haya una clara voluntad del legislador de que no avance la transparencia… estos artículos son importantes en cuanto a la posibilidad de ir afianzando el sentido de la transparencia, de la utilidad social que tiene la información, no es un capricho de quienes estamos hoy en el IFAI”, asegura.

La comisionada señala que además de los artículos impugnados, la minuta contiene un capítulo sobre protección de datos personales del cual nadie habla, pero es fundamental que se apruebe.

Explica que este capítulo establece mecanismos para que los ciudadanos puedan denunciar y exigir sanciones en contra de quienes hagan mal uso de los datos personales, pues a pesar de que actualmente la protección de este tipo de información es un derecho, la ley no especifica una fórmula a partir de la cual se pueda sancionar el mal uso de ella.

Objeciones repentinas

El 28 de abril de 2010, el Senado aprobó por unanimidad la iniciativa que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información; al día siguiente fue enviada a la Cámara de Diputados.

Peschard critica el hecho de que durante casi un año la minuta haya estado en poder de la Cámara de Diputados y, momentos antes de que fuera aprobada, surgieran las reservas de los legisladores que se manifestaron en contra de su contenido.

“Esta reforma a la ley está en Cámara de Diputados desde hace un año, desde abril del año pasado que fue cuando se aprobó en el Senado y no hay ninguna discusión, ningún tipo de pronunciamiento o de alguna dependencia o entidad porque tenga alguna preocupación en especial; es a último momento, cuando ya está en comisiones, particularmente en la Comisión de Gobernación, cuando empiezan a saltar las reservas, estos intentos de que no pasen los artículos”, comenta.

La comisionada reconoce que a lo largo de su historia, el IFAI ha sido objeto de múltiples ataques para tratar de debilitar las facultades del organismo, así como dificultar el acceso de los ciudadanos a la información.

Recuerda que dependencias como el Servicio de Administración Tributaria -dependiente de la Secretaría de Hacienda- y la Procuraduría General de la República han impugnado las resoluciones del IFAI ante tribunales.

“Créditos fiscales es un tema -en el que el IFAI ha encontrado mucha reticencia- y el otro son las averiguaciones previas concluidas. Nosotros entendemos, y además la ley lo dice, que las averiguaciones previas están reservadas, pero la Constitución y la ley dice que la reserva es temporal… eso es algo que la Procuraduría General de la República no ha peleado porque sí se cierran y se cierran de manera permanente”, indica.

El año pasado el IFAI tuvo enfrentamientos con el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa y con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos por sendos recursos interpuestos por la PGR y el SAT en contra de sus resoluciones.

En mayo de 2010, el Tribunal otorgó a la Procuraduría la suspensión provisional de una decisión del IFAI. Dicha suspensión le permitió negar a un ciudadano el acceso a las denuncias y expedientes que obran en sus archivos en contra de Rosario Robles y sus familiares.

Ese mismo mes, el órgano jurisdiccional otorgó otra suspensión provisional; esta vez al SAT para que negara los nombres de las personas físicas y morales que han sido beneficiadas con créditos fiscales.

Fue este caso el que enfrentó al IFAI con la CNDH. En octubre de 2010, la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Margarita Luna Ramos desechó por “notoria improcedencia” la controversia constitucional que Peschard y otros comisionados presentaron con el fin de impugnar la decisión del ombudsman nacional de otorgar medidas cautelares a algunos empresarios para que sus nombres no fueran dados a conocer por el SAT.

Peschard advierte que ante estos embates, la aprobación por parte de la Cámara de Diputados de la minuta enviada por el Senado es un elemento fundamental para que las dependencias de gobierno acaten y cumplan sus obligaciones de transparencia, pues mientras las resoluciones del IFAI sean impugnables, el acceso de los ciudadanos a la información será una concesión.

“Para nosotros es muy importante que los legisladores puedan hacerse cargo de lo que ha significado la ley y de la importancia de esta reforma para la profundización de la transparencia y de esta cultura de dar a conocer lo que hace el servidor público, porque es un derecho del ciudadano y porque nosotros estamos obligados a dar cuentas de lo que hacemos”, señala.