MÉXICO, DF.- “La sociedad con frecuencia perdona al criminal; nunca perdona al soñador”.

Oscar Wilde

Fernando Rodríguez González, copartícipe confeso del homicidio de José Francisco Ruiz Massieu, ha empezado un “procedimiento de solución amistosa” con el Estado mexicano a través de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Según documentos de los que tengo copia, Rodríguez González está pidiendo:

“1. La libertad física de manera inmediata y sin restricciones ni condicionamiento alguno para Fernando Rodríguez González y [su hermano] Jorge Rodríguez González, privado también de su libertad física por los mismos hechos”.

“2. La cancelación de los antecedentes penales para Fernando Rodríguez González y Jorge Rodríguez González…”.

“3. Se considere lo establecido en el artículo 63.1 de la Convención Americana, lo cual se desprende del principio de derecho internacional que sustenta: ‘Toda violación a una obligación internacional que haya causado un daño genera una obligación de proporcionar una reparación adecuada de dicho daño’…”. En otras palabras, Rodríguez González está pidiendo una indemnización del Estado mexicano.

Pedir no empobrece, pero la petición parece estar teniendo eco. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos propuso el procedimiento de solución amistosa ante una queja de Rodríguez González. En una carta fechada el 5 de enero del 2011 la CIDH señala que “ha decidido ponerse a disposición de las partes con el propósito de concretar un acuerdo de solución amistosa en el caso 12.770, Fernando Rodríguez González”.

Fernando Rodríguez manifiesta su “entera conformidad y disposición” a someterse al proceso en una carta fechada el 14 de febrero al Dr. Santiago A. Cantón, secretario ejecutivo de la CIDH. En otra carta, del 11 de febrero, el embajador Gustavo Albin, representante permanente de México ante la Organización de Estados Americanos, apunta que “el Estado mexicano reitera que privilegia una política de solución amistosa de los asuntos en lugar de controvertirlos, por ello, manifiesta su interés y disposición de iniciar el procedimiento de solución amistosa previsto en el artículo 48.1 (f) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, a fin de concluir de una manera no contenciosa este asunto”.

En su carta el embajador “solicita la intervención de la Comisión Interamericana a fin de que sea la instancia mediante la cual se haga llegar al Estado mexicano la propuesta concreta del señor Fernando Rodríguez González”. Las peticiones de Rodríguez son las que he señalado al principio de este artículo. Elizabeth Abi-Mershed, secretaria ejecutiva adjunta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pidió al Estado mexicano el 7 de abril haga llegar sus comentarios sobre las peticiones de Rodríguez González.

Ignoro cuáles hayan sido los argumentos que llevaron a la Comisión Interamericana a intervenir en el caso de Rodríguez González. Pero no podemos olvidar que éste es un hombre que contrató a Daniel Aguilar Treviño, homicida material de José Francisco Ruiz Massieu; y que, tras recibir medio millón de dólares de la PGR, acusó a Raúl Salinas de Gortari de ser el autor intelectual del asesinato. Salinas de Gortari fue absuelto después de un largo proceso que enfrentó encarcelado.

Si los hermanos Rodríguez González son realmente culpables de participar en un homicidio, parecería absurdo que en un procedimiento de solución amistosa se les dejara ahora en libertad, se borraran sus antecedentes penales y, además, se les diera una indemnización a cargo de los contribuyentes mexicanos.

Secuestro masivo

Un nuevo secuestro masivo de inmigrantes parece haber tenido lugar en Medias Aguas, Veracruz. La denuncia la hizo el fin de semana pasado el padre Alejandro Solalinde sobre la base de reportes de migrantes que lograron escapar a los criminales. En ocasiones anteriores las autoridades dudaban de la veracidad de estas denuncias. Hoy ya nadie puede darse el lujo de la duda.

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