México, DF. La Cámara de Diputados aprobó, con 350 votos a favor, una reforma a Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, iniciativa que fue presentada el año pasado por la diputada federal zacatecana Claudia Edith Anaya Mota, que será turnada al Senado de la República.

“El principal objetivo de esta reforma es brindar protección a las personas con discapacidad víctimas de este delito, ya que en la actual ley no se encuentran contempladas”, dijo la legisladora del Partido de la Revolución Democrática (PRD), al resaltar con esta aprobación el fortalecimiento del marco jurídico a favor de grupos vulnerables como es este sector.

Claudia Edith Anaya dijo que esta iniciativa contribuye a brindar mejores condiciones de vida a 4.5 millones de personas que viven con alguna discapacidad en México, según el Censo de Población y Vivienda 2010, de las cuales 2.3 por ciento son mujeres, y 2.2 por ciento, hombres.

“Además de que cerca de un millón son niños y adolescentes, y de acuerdo con especialistas en el tema, son el sector más vulnerable de ser engañado, vendido, coaccionado o sometido a diferentes situaciones de explotación laboral, sexual o de servidumbre”, comentó Anaya Mota.

Para entender el problema de la trata de personas en el país, le legisladora zacatecana dio a conocer que, de acuerdo con la Oficina de las Naciones Unidas para el Control de las Drogas y la Prevención del Delito (Onudd), y el Reporte de Trata de Personas del Departamento de Estado de Estados Unidos, México está catalogado como fuente, tránsito y destino para la trata de personas, con los propósitos de la explotación sexual, comercial y del trabajo forzado.

Asimismo, añadió Anaya Mota, el diagnóstico Human Trafficking Assesment Tool, realizado por la American Bar Association en México, ha detectado 47 bandas dedicadas a la trata de personas sexual y laboralmente.

También documentó que las entidades con mayor riesgo de que se cometa este ilícito son el Distrito Federal, Baja California, Chiapas, Chihuahua, Guerrero, Oaxaca, Tlaxcala y Quintana Roo.

En este mismo sentido, expuso Claudia Anaya, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ubicó a las ciudades de Nogales, Acapulco, Tapachula, Tijuana, Mexicali, Ciudad Juárez, Nuevo Laredo, Matamoros, Cancún, Guadalajara y Puerto Vallarta con alta incidencia en trata de personas.

Además de que el Informe de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos y la Disability Rights International dio a conocer que el gobierno mexicano ha admitido que un estimado de 20 mil niños son víctimas de trata cada año.

Ante este panorama, la diputada integrante de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables refirió que, en materia de trata de personas, el Estado Mexicano ha adoptado la Convención de las Naciones Unidas Contra la Delincuencia Organizada Transnacional o Convención de Palermo en 2003 y la ratificación del Protocolo de Palermo, así como la promulgación de la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas el 27 de noviembre de 2007.

Además, la armonización de este delito en la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, en los Códigos Penales y de Procedimientos Penales; la emisión del Reglamento de la Ley  para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas en febrero de 2009.

“A pesar de lo anterior, tan sólo en 10 entidades federativas la legislación sobre trata de personas hace referencia a las personas con capacidad”, lamentó la también presidente de la Comisión Especial sobre la no Discriminación de la LXI (61) Legislatura federal.

La reforma aprobada este jueves –agregó Claudia Anaya– incluye preceptos que garantizan que las víctimas de trata tengan derecho a reclamar los costos de los insumos en aras de subsanar la discapacidad provocada, así como desarrollar campañas de prevención, protección y atención en materia de trata de personas, fundamentadas en la salvaguarda de la dignidad humana y los derechos humanos, con especial referencia a las personas con discapacidad.

En caso de que la víctima sea una persona con discapacidad auditiva, toda la atención le será proporcionada con el apoyo de un intérprete en lengua de señas mexicanas. Y a las personas con debilidad visual, añadió Anaya Mota, se brindarán las medidas necesarias que garanticen los fines que establece esta ley.