Agencias
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México.- La Comisión de Puntos Constitucionales aprobó por unanimidad que el Ministerio Público Federal (MPF) pueda atraer investigaciones del fuero común cuando esté involucrado algún periodista o medio de comunicación.

El diputado priista Felipe Solís Acero, dijo que con la reforma al Artículo 73 constitucional, en materia de libertad de expresión, se da un primer paso para proteger de mejor manera los derechos de los comunicadores del país y de los medios para los que laboran.

“Se trata de darle atribuciones al Ministerio Público Federal para que pueda atraer expedientes de investigación respecto de cualquier delito del fuero común, siempre y cuando del expediente se infiera que están involucrados los derechos humanos de un comunicador, o bien, de algún medio de comunicación”, indicó.

En tanto, el secretario de esta comisión, Nazario Norberto Sánchez, señaló que la reforma busca proteger a los periodistas porque no se contrapone con ninguna otra norma constitucional.

“Está protegida contra amparo, inconstitucionalidad y jurisprudencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación”, precisó.

«No violenta ni transgrede el principio de división de Poderes y la esfera de competencias de los tres Poderes de la Unión”.

“Por lo tanto, su contenido y alcance normativo goza de cabal constitucionalidad para su debida y formal integración al orden jurídico constitucional, nacional, estatal y municipal de conformidad con el Artículo 133 de la Carta Magna”, destacó.

El dictamen destacó la necesidad de garantizar y fortalecer la legislación, para que permita atraer competencias entre las autoridades federales, estatales, del Distrito Federal y municipales, en tratándose de conductas que atenten contra la libertad de expresión en sus diversas modalidades.

Indicó que los periodistas y defensores civiles de los Derechos Humanos se encuentran en el peor momento de su vida profesional.

“No sólo las agresiones al gremio periodístico representan un ataque directo a la vigencia del Estado de derecho, sino también la inacción de las autoridades competentes, lo cual se traduce en impunidad”.

 

 


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