Durante la semana que transcurre, y no descarte usted que pudiera ser incluso este martes, serán entregadas un par de iniciativas de ley a las y los diputadas y diputados integrantes de la LX (60) Legislatura local.

Se trata de sendas propuestas de instrumentos jurídicos que debieran ser materia de urgente y obvia resolución, pero que deberán cursar, como es debido, el proceso de análisis, discusión y aprobación, en su caso.

La primera de las iniciativas es la referente a reformar y actualizar, durante el actual periodo ordinario de sesiones, la Ley Orgánica de la Administración Pública.

Exacto, se trata de la nueva disposición en la que estaría contenido el nuevo orden y los mecanismos de operación de las instancias y dependencias del Poder Ejecutivo, dado que su actual estructura no garantiza el mínimo aceptable de operatividad.

Fusiones, una nueva organización por áreas de interés y acción serían, dado el caso, una parte de las modificaciones que se plantearán en la idea de agilizar y volver más eficiente al aparto oficial.

Bueno, al menos ésa es la idea, y tendremos ya oportunidad de conocer la propuesta o iniciativa en su momento, para dimensionar los alcances y sobre todo la conveniencia de “rediseñar”, por llamarlo de otra manera, el esquema de trabajo y las líneas de mando de la administración pública.

Claro que se espera discusión amplia en torno al asunto, pero es justamente de ese modo como debiera ser, porque de otra manera carecería de sentido el esquema de pesos y contrapesos que rige la separación de Poderes.

En fin, la otra iniciativa es aún más importante, porque uno de sus principales efectos sería el de evitar los ya famosos Amaliazos al estilo Cassez.

Sí, es la urgentísima reforma, actualización y promulgación, en toda forma, de una nueva Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, porque la actual es como si no existiera, ya que tiene un defecto o falla de origen, justo del que se agarró Amalia Dolores García Medina para evitarse la molestia de andar aclarando historias del pasado y manejos indebidos.

Porque, digámoslo con toda claridad, oootra vez, el caso de la ex gobernadora de Zacatecas es muy similar al de la francesa Cassez, acusada de secuestro, porque no se rebate que haya o no un probable delito, sino que el procedimiento no es el adecuado.

En el primer caso, el de Amalia, la ley que se le aplicaba, y que ella misma aplicó contra varios ex funcionarios, de pronto ya no era válida, porque sus abogados encontraron que le faltaba una firma a la publicación de la famosa ley.

Y en lo que se refiere a la francesa Cassez, que no contó con las condiciones para que recibiera apoyo, dado el caso, de las autoridades consulares de su país.

No, bueno, para vergüenzas no alcanza uno, y con la nueva ley de responsabilidades ya no hay que dejar abiertas las rendijas de las dudas, y la iniciativa correspondiente sería empatada, de alguna forma, con una ya encaminada por la diputada María de la Luz Domínguez Campos.

Sería cuestión de voluntad y sensibilidad de una y otra parte.

De salida

Nada más faltaría que las y los diputados de la mayoría, por lo menos ellos, hagan otros “retiro” y se pongan a estudiar, pero en serio, las iniciativas para las reformas que vienen.

¿Qué les parece Susticancún?

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