MÉXICO, DF.- Las tragedias que hemos tenido en las carreteras del País han puesto en el escenario al sector del autotransporte de carga.

De hecho, apenas ayer, diversos grupos de transportistas realizaron un paro demandando la prohibición de los dobles semirremolques y pidiendo que ya no aumente el precio del diesel.

En toda esta discusión hay que ver qué sectores y dependencias son los que intervienen para entender la lógica de sus posiciones e intereses.

Existe un amplio bloque de transportistas, que van desde empresas grandes que tienen decenas de camiones hasta los llamados “hombres-camión”, donde es el propietario el que opera la unidad. Se agrupan en organizaciones como la Canacar, Conatram, Amotac, entre otras.

Las grandes empresas del País, como las de alimentos, bebidas y otros productos de consumo, tienen sus propias flotas de camiones, por lo que no usan los servicios de los transportistas. Se concentran en la Asociación Nacional de Transporte Privado (ANTP).

Al interior del Gobierno hay por lo menos dos instancias que tienen que ver directamente con los temas económicos del transporte de carga. La Secretaría de Economía, que tiene la perspectiva de la competitividad y el comercio, y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que lo ve desde la perspectiva de la seguridad y la infraestructura.

Adicionalmente, para propósitos de ejecución de la normatividad, también está la Secretaría de Seguridad Pública, de la que depende la Policía Federal, que es la policía que vigila las carreteras federales.

Y no se puede perder de vista las ventajas fiscales especiales que tiene este sector. De acuerdo con el Presupuesto de Gastos Fiscales de la SHCP, por facilidades administrativas, el autotransporte federal (tanto de carga como de pasajeros, no se hace desglose) tiene beneficios fiscales por 3 mil 624 millones de pesos.

Todo esto sólo en el ámbito federal, sin considerar las instancias estatales e incluso municipales.

El conflicto que hoy vemos y que se desató con los accidentes tiene que ver con los choques de varios intereses.

El más obvio es el que representan los transportistas. Quieren que se limiten los pesos y dimensiones de los camiones, con objeto de aumentar su negocio. La relación es muy simple: a menos volumen permitido, más viajes y por lo tanto más negocio.

Claro que no lo expresan de esta manera, sino que argumentan la seguridad.

En el caso de los que tienen su propia flota o los que contratan a los transportistas, la explicación de su posición es la opuesta: a más peso permitido, menos viajes y por tanto menos costo en fletes. Y, desde luego, el argumento es que el tamaño no afecta la seguridad, sino las condiciones mecánicas de los camiones o la falta de condiciones adecuadas de sus operadores.

La SCT, desde tiempo atrás, ha pugnado por una reducción de pesos y dimensiones, simplemente por el desgaste adicional al que se somete a la infraestructura carretera. Sin embargo, Economía no simpatiza con ello por el impacto negativo en la competitividad que implicaría. Y Hacienda lo que quisiera es que se  quitaran los tratamientos fiscales especiales al sector.

Y en el caso de los encargados de aplicar la ley, los de la Policía Federal, andan más ocupados detectando narcos en las carreteras que supervisando tráileres.

Total, como ve, lo que destaparon los lamentables accidentes de las últimas semanas es una situación en la que se requiere poner orden… incluso al interior del propio Gobierno.

enrique.quintana@reforma.com