Washington.- Las cárceles en Latinoamérica son incubadoras de graves violaciones a los derechos humanos que resultan con frecuencia en muertes, y representan una puerta revolvente del crimen, señaló la Comisión Interamericano de Derechos Humanos (CIDH).

El organismo presentó este jueves su Informe de las Personas Privadas de Libertad en las América, en el cual apuntó que el problema que presentan los sistemas carcelarios es complejo y de difícil solución.

Para la CIDH, esta realidad es resultado de décadas de desatención del problema carcelario por parte de los sucesivos gobiernos de la región y de la apatía de las sociedades, que tradicionalmente han preferido ignorar el tema.

Esta situación ha permitido que los centros de privación de libertad se han convertido en ámbitos carentes de monitoreo y fiscalización, en los que impera la arbitrariedad y la corrupción.

El informe identificó que los problemas más graves y extendidos en las cárceles y otros centros de privación de la libertad en la región son variados y producto de políticas deficientes, ineficaces, así como fallas estructurales.

La lista de problemas es extensa, desde el hacinamiento y la superpoblación; las deficientes condiciones de reclusión, tanto físicas, como relativas a la falta de provisión de servicios básicos, hasta los altos índices de violencia y la falta de control efectivo de las autoridades.

Destaca además el empleo de la tortura con fines de investigación criminal, y el uso excesivo de la fuerza por parte de los cuerpos de seguridad de los centros penales, así como uso excesivo de la detención preventiva, lo cual repercute directamente en la sobrepoblación carcelaria.

El informe indicó que la tortura, a pesar de la legislación en la mayoría de los países de la región, “sigue siendo un problema recurrente, tanto en los centros carcelarios, como en las comisarías”, en la mayoría de los casos a manos de agentes del Estado.

Aunque el uso de la tortura para obtener confesiones es extendido, el informe se refirió en particular a la situación que priva en Jamaica, Paraguay, Ecuador, México y Estados Unidos, en este último reducido a la prisión militar de Guantánamo.