“La cultura engendra progreso y sin ella no cabe exigir de los pueblos ninguna conducta moral.”

José Vasconcelos

La educación superior es la clave para el desarrollo de las naciones, lo que un país invierta en este rubro será reflejo de las políticas públicas y del interés de los gobiernos por atender no sólo las necesidades en materia de educación sino también en lograr el tan anhelado desarrollo.

De conformidad con el calendario escolar para el país, es en los meses de mayo, junio y julio cuando se llevan a cabo los exámenes de admisión a las instituciones de educación superior a nivel nacional, y los jóvenes acuden a las convocatorias con la finalidad de lograr un espacio en la Universidad que les permita además de mejorar sus propias expectativas de vida, aportar al desarrollo de su localidad, municipio, estado y el país en su totalidad.

Desafortunadamente, de acuerdo a los resultados obtenidos recientemente, sólo 3 de cada 10 aspirantes a nivel nacional logran acceder a la educación superior.

Una realidad que refleja que en México, la educación superior no logra satisfacer la demanda social. En años anteriores se les llamaba reprobados del examen de admisión, actualmente son jóvenes que no alcanzaron lugar en la universidad.

No obedece a la deficiencia en la preparación de los jóvenes, sino a la falta de capacidad de las universidades para satisfacer la demanda. Las causas son varias: a) La nula creación de universidades públicas, b) la deficiente implementación de nueva oferta educativa que obedezca a la demanda del mercado, c) la falta de recursos al interior del hogar para financiar la educación superior de los jóvenes en instituciones privadas; entre otras.

Independientemente de la multicausalidad del problema, la más importante resulta ser la falta de recursos que destina nuestro gobierno a la educación superior en comparación con otros países.

Resulta contradictorio, que siendo que en nuestro país están haciendo obligatoria la educación desde preescolar hasta preparatoria no se destinen mayores recursos a ese rubro, y que si pretende el gobierno dar cobertura total desde preescolar hasta la educación media superior, entonces no haya pensado en ofrecerles otra alternativa a los jóvenes más que la de convertirse en estudiantes rechazados de la educación superior en un mercado laboral deficiente en donde el salario no será proporcional al nivel de educación si es que tienen la suerte de encontrar trabajo.

Los acuerdos internacionales ratificados por México como el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, así como la Convención sobre la Lucha contra la Discriminación en el Dominio de la Educación afirman que si bien el acceso a la educación superior será igual para todos, de conformidad con los méritos respectivos, también es cierto que será obligación del Estado hacer accesible a todos la educación superior.

Un Estado que no es capaz de garantizar la educación superior a aquéllos que la demandan no está garantizando esos derechos, es decir, no está cumpliendo con su obligación. Y las consecuencias de ese incumplimiento no sólo traen consigo un daño personal para aquéllos que no logran tener acceso a la educación superior, sino que a largo plazo, el atraso generacional del país en materia de desarrollo es daño irrecuperable y que condena al país a seguir dependiendo de otros para su crecimiento económico.

En anteriores ocasiones, en esta columna hemos hecho referencia a que los derechos humanos son individuales, colectivos y difusos, atendiendo al sujeto que es víctima de la violación, cuando afecta los intereses de un particular, de un grupo de personas o de varios personas o comunidades que no se pueden individualizar dada la complejidad de la violación y el daño causado.

Para el derecho que nos ocupa, el derecho a la educación superior, no sólo se ven afectados los derechos de los jóvenes que habiendo aprobado el examen de admisión no logran obtener un lugar porque no hay espacios suficientes, sino que se violenta también el acceso propio del joven y de su familia a mejorar sus condiciones de vida a futuro y se afecta el desarrollo de todo el país en su conjunto por no tener los suficientes profesionistas para generar el crecimiento y desarrollo del país.

En México, ni la federación ni las entidades federativas han tomado la iniciativa en la transformación educativa o en la mayor inversión en este renglón. Y es que hasta se convierte en causa de discriminación el vivir en una entidad federativa con mayores recursos como Jalisco, Nuevo León o el Distrito Federal, donde hay más oportunidades de acceder a la educación superior que en entidades como Zacatecas o Oaxaca, donde las posibilidades y la oferta educativa se reducen considerablemente.

México debe de cambiar sus políticas públicas en materia de educación superior, para poder satisfacer no sólo la demanda de los jóvenes sino también para lograr el desarrollo del país.