Asunción.- Paraguay debería recurrir a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya para reclamar sus derechos en los organismos internacionales en que fue suspendido tras la destitución de Fernando Lugo, dijo el ex canciller Luis María Ramírez.

El ex ministro de Relaciones Exteriores durante el gobierno de Juan Carlos Wasmosy (1993-1998) planteó esta posibilidad en una nota para un diario local, pese a que el presidente Federico Franco anunció que no habrá recurso alguno ante La Haya ni otra corte.

Según Ramírez, los procedimientos en la Corte de La Haya pueden ser rápidos y puso como ejemplo el litigio que Paraguay ganó a Estados Unidos en el caso del argentino-paraguayo Ángel Francisco Breard, ciudadano que recibió la pena de muerte en 1998 en aquella nación.

El artículo 41 del Estatuto de la CIJ fue utilizado por Paraguay cuando recurrió ante dicho tribunal, con sede en Holanda, en el caso de Breard, aquella vez el fallo fue favorable para este país pero Estados Unidos lo desconoció.

Paraguay había planteado que Breard no tuvo todas las garantías procesales porque nunca se comunicó el caso al consulado paraguayo, recordó el ex ministro, y agregó el caso de las papeleras de Uruguay como ejemplo de que La Haya puede expedirse con premura.

Resaltó que ese proceso planteado por Uruguay contra Argentina se resolvió en menos de cinco años, y “siendo que la Argentina no tiene tampoco la cláusula opcional, aceptó la jurisdicción y se llevó adelante el juicio”, sostuvo.

“Cuando hay cosas que ver sobre el terreno, como el caso de la demanda entre Bolivia y Chile sobre la costa, puede llevar más tiempo, pero cuando en una cosa que es netamente de derecho es mucho más rápido”, puntualizó el diplomático.

No coincidió también con la postura de Franco, en que el costo que demandaría recurrir ante la CIJ sería excesivo y puso como ejemplo otro hecho de interés en Paraguay, que si se hubiese planteado se pudo haber ganado.

“Yo opino que tenemos que ir a La Haya y tenemos que pedir algunas medidas inmediatas, éste es un asunto netamente jurídico, la violación de los tratados (de Mercosur y Unasur), de modo que puede ser bastante rápido”, insistió Ramírez.

Franco había señalado días atrás que no recurrirá a la Corte de La Haya para denunciar el “injusto marginamiento que sufre el Paraguay en el Mercosur”, y dio dos motivos, el alto costo económico y lo prolongado del trámite.

Mencionó que la consulta jurídica para iniciar la demanda tendría un costo de 50 mil dólares, y que solo después de siete años se podría estudiar el caso de Paraguay y siete u ocho años después se daría a conocer el dictamen.

Paraguay fue suspendido del Mercosur y de la Unasur luego que el 22 de junio pasado el Congreso destituyó ál presidente Lugo en un juicio político que duró poco más de 24 horas y en el cual, según esos organismos, el ex obispo católico no tuvo un debido proceso.