Ricardo Monreal Ávila
Ricardo Monreal Ávila

De los países latinoamericanos, México es uno de los pocos que no ha promovido una nueva Constitución. En su lugar, ha optado por reformarla prácticamente de manera indefinida, a tal grado que muchos de los llamados “postulados irreductibles” en el Constituyente de 1917, hoy ya no existen o están en vías de extinción.

Hablamos del reparto agrario, del ejido, de las relaciones iglesias-Estado, de los sectores económicos “estratégicos” reservados al Estado, de la propiedad originaria de la Nación sobre los recursos del subsuelo, entre otros.

Los constantes cambios a la Constitución y la forma como algunas de estas reformas se han implementado (por ejemplo, vaciar en la Carta Magna aspectos procedimentales y circunstanciales de la realidad que se busca normar, propias de una ley reglamentaria, no de un principio constitucional), ha motivado la reflexión de si necesitamos o no una nueva Constitución.

Las posturas van desde el “sí necesitamos una nueva Constitución”, hasta la de “mejor apliquemos bien la que tenemos, antes de promulgar otra”, pasando por las propuestas de reordenar, sintetizar y mejorar la técnica legislativa de la actual.

Lo que sí tenemos claro la mayoría de los mexicanos, de acuerdo con diversos estudios de opinión (uno de ellos, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, “Segunda encuesta nacional de cultura constitucional”, 2011) es que la actual Constitución sólo es considerada adecuada por una minoría de mexicanos (27.8 por ciento). Entre las conclusiones de esta encuesta destacan las siguientes:

“Esta investigación muestra que existe un gran desconocimiento sobre la Constitución, no obstante, se afirma la necesidad de su observancia y respeto. La percepción del respeto a la constitución en el país es negativa, igualmente lo es su cumplimiento. Destaca la preocupación por efectuar cambios a la Constitución, dado que se considera que ya no responde a las necesidades del país. Sugiere que una de las demandas más fuertes en la sociedad mexicana es la impartición de justicia y aplicación de la ley, campos en los que persisten serias deficiencias…”

“La mayoría de los entrevistados opina que en México la justicia no funciona bien, por la corrupción, la impunidad y la presencia de intereses extra-legales. La gran mayoría de la población se siente desprotegida contra el abuso de autoridad. A su vez que asocia la violación de los derechos humanos con el poder y las autoridades. Sin embargo, estas preocupaciones por el abuso y la violencia de las autoridades se corresponden con el territorio discursivo de la población en general”.

La actual presidencia ha promulgado 21 reformas constitucionales en poco más de un año. Con ello, nuestra Carta Magna suma 560 reformas en 97 años de existencia. Un promedio de 4.12 reformas o adiciones por cada uno de los 136 artículos constitucionales (si sumamos las reformas a los transitorios tendríamos 573 reformas constitucionales).

Es una marca histórica parlamentaria ciertamente, pero también es síntoma de una neurosis política: creer ilusamente que modificando la Constitución se transforma la realidad.

Después de medio millar de cirugías a la Constitución, la pregunta obligada es: ¿somos una Nación más próspera, más igualitaria, más educada, más productiva, más democrática, más transparente y con menos corrupción, más justa y con mayor crecimiento económico?

Por supuesto que no. ¿Cuál es la razón? Una sencilla: la mayor parte de las reformas constitucionales en este país están diseñadas para el reparto del poder político y económico entre las mismas élites y oligarquías dominantes, no para la distribución masiva de la riqueza nacional y de la representación ciudadana.

Nuestra Constitución ha sido utilizada como un instrumento de dominación política y económica de un grupo sobre el resto de la sociedad, en lugar de ser una instancia de cohesión y conciliación social.

Con contadas excepciones, la mayor parte de nuestras reformas constitucionales son instrumentos para el redireccionamiento y concentración del poder público, no para la distribución, inclusión y democratización del mismo.

Están diseñadas para que el grupo que llega al poder –generalmente integrado por socios, amigos, compadres o acreedores políticos–, se imponga al resto de las élites o partidos en competencia y al conjunto de la sociedad.

Aun aquellas reformas concebidas para el reparto, la competencia y la contención contra monopolios, son para la redistribución y el reparto de beneficios entre una misma élite. El gran ausente de las reformas políticas y económicas de los últimos años ha sido el ciudadano, a quien se le escatiman tanto los instrumentos de la democracia participativa directa (consulta popular, plebiscito, referéndum, iniciativa ciudadana, revocación de mandato), como los mecanismos de redistribución del ingreso nacional, a través de un mejor salario, acceso a créditos baratos y servicios competitivos económicos.

Más de medio millar de reformas constitucionales en 97 años, cuyos beneficios no se ven en el bolsillo ni en la mesa ni en la casa de los mexicanos, han generado anticuerpos sociales y dudas fundadas sobre la vigencia de la Constitución.

La mayor parte de la sociedad mexicana rechaza el tipo de reformas que se hacen al vapor, sobre las rodillas y en lo oscurito, es decir, a espaldas de la ciudadanía y con exclusión de los electores.

Por experiencias precedentes, sabe muy bien que de ellas no obtendrá algún beneficio, y en cambio sí recibirá muchos agravios.

El ciudadano de a pie sabe también que no por mucho reformar la Constitución, el país amanece más cambiado o mejorado.

Por eso, reformas van y reformas vienen, y el país no se mueve más allá de lo que dicta la dura realidad o, incluso, puede llegar a retroceder si la reforma es regresiva, no progresista, como es el caso reciente de las reformas laboral, fiscal y energética, que han concitado el rechazo de buena parte de los ciudadanos.

A casi un siglo de su promulgación, la Constitución de 1917 luce deformada, no reformada. Por ello es importante impulsar desde ahora una nueva Constitución que sea un espacio auténtico de cohesión, identidad y legitimidad social, y no lo que ha sido en las últimas décadas: un instrumento de los grupos de poder en turno para imponer al resto de la sociedad su muy particular proyecto de Nación.

 

ricardomonreala@yahoo.com.mx

Twitter: @ricardomonreala


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