Staff | ntrzacatecas.com
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Zacatecas.- Autoridades legislativas y del gobierno estatal no coincidieron en la fecha para presentar sus argumentos sobre la ley de educación, ante la controversia constitucional promovida por la federación, ni en el sentido de su defensa.

El diputado petista José Luis Figueroa Rangel adelantó que defenderán las conquistas laborales del magisterio, en tanto que el Poder Ejecutivo argumentará que se acogió al espíritu de la reforma pero su iniciativa fue modificada.

El 20 mayo la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) notificó dicha controversia, contra los poderes Ejecutivo y Legislativo, porque la normatividad local no tiene el espíritu de la reforma federal.

“La postura única de los cinco diputados que integramos la Comisión de Educación es en defensa del artículo 9, 12, 13 y 67, que da las garantías constitucionales, derechos adquiridos de los trabajadores de la educación, pero sobre todo de la educación pública y gratuita que debemos tener los zacatecanos”, manifestó Figueroa Rangel.

“Tenemos hasta el 30 de junio para presentar el respaldo jurídico-técnico de salvaguardar estos cuatro artículos, como está en la legislación estatal, y no sean trastocadas las conquistas de los trabajadores y que sea la conclusión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a favor del derecho de la educación”, enfatizó.

Uriel Márquez Cristerna, coordinador general Jurídico del gobierno estatal, mencionó que la SCJN notificó a la administración estatal de la controversia constitucional a través del Tribunal 23, con sede en Zacatecas.

“Se nos notifica para que acudamos a un juicio. La Constitución bien lo denomina, un juicio de controversia constitucional, donde el actor es el presidente de la República (Mexicana), Enrique Peña Nieto, y a través de su consejero jurídico, Humberto Castillejos Cervantes, está promoviendo dicha controversia”, explicó.

El funcionario estatal agregó que en 10 entidades fueron promovidas controversias por la falta de armonización de sus leyes de educación con la reforma federal en la materia.

“Tenemos hasta el 1 de julio para contestar la demanda. Más no podría aportar porque nos estamos adelantando a lo que vamos a señalar en esa contestación. Lo que vamos a defender, en primer punto, es que el gobernador Miguel Alonso se acogió a la reforma constitucional federal”, indicó en entrevista.

“Enviamos a la Legislatura en los términos de dicha reforma constitucional y al momento de que ingresa a la Legislatura, por algún motivo, no tengo nombres, hizo algunos cambios, y considera el Ejecutivo del Estado que esos cambios no benefician a la reforma”, argumentó Márquez Cristerna.


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