RENÉ FERNANDO LARA CERVANTES
RENÉ FERNANDO LARA CERVANTES

El proceso de privatización en México se expande constantemente y alcanza cada vez más sectores en los que el Estado tiene responsabilidades. Ahora toca al sector del agua que es trascendental, no como un símbolo de identidad y fortuna como lo han sido históricamente los hidrocarburos, sino porque de este líquido depende la supervivencia de nuestros ecosistemas y de los habitantes de nuestro vasto país.

Sin considerar esto y con el sello característico de nuestra descompuesta democracia, un puñado de legisladores aprobó por la vía fast track el dictamen de la Ley General de Aguas que contempla un involucramiento mayor de la iniciativa privada en el sector del agua potable. Además, la tendencia general es inclinarse por un modelo público de gestión y administración del agua, aunque cabe mencionar que también existen casos de éxito en los que ha estado involucrado el sector privado, en tanto se crean instituciones con suficiente presupuesto y mecanismos para aplicar de forma correcta y efectiva la ley.

Esto da mucho que pensar, pues ya sentenció el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, que también para 2016 habrá recorte presupuestal, y habrá que sopesar las consecuencias de ese dictamen, al considerar la Organización de las Naciones Unidas (ONU) el acceso al agua como un derecho humano necesario para una vida digna; por supuesto, garantizado con base en un plan que no aumente el deterioro ambiental.

Empero, el escenario futuro bajo el nuevo prospecto de ley se presenta adverso, al considerar al uso del agua de utilidad pública se dejaría a comunidades en desventaja jurídica ante las empresas, al no poder oponerse fácilmente a proyectos relacionados con este recurso que se decida llevar a cabo dentro de sus territorios y pudieran ser dañinos para sus pobladores. Asimismo, carece de sustentabilidad, al permitir a particulares realizar trasvases directos, lo que significa trasladar el líquido de una cuenca o afluente a otro mediante la construcción de infraestructura especial; provocando desequilibrios en los ecosistemas para satisfacer principalmente, a otras industrias consideradas también de utilidad pública, como la minería, por ejemplo.

Bajo el tema de la sustentabilidad, tampoco se puede defender el dictamen en materia de control de la contaminación del agua, pues según Animal Político, las multas son irrisorias al imponerse unas sanción de 3.5 millones de pesos al concesionario que contamine el agua, cuando los daños al río Sonora, intoxicado por Minera México, se estimaron en 20 mil millones de pesos. Sobrarán defensores de la nueva ley, quienes arguyan que la reforma se realiza para bien de todos los mexicanos; sin embargo, la cuestión de los beneficiarios es cuestionable pues empresas como Grupo Higa, a quien se otorgaron contratos millonarios por parte del gobierno federal y mexiquense, y se sospecha que tienen conflictos de intereses.

En lo concerniente a la gestión pública del agua, el futuro de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) es incierto, pues en este 2015 sufrirá un recorte de 6 mil 400 millones de pesos y quizá se mantenga así para el año siguiente. Además, con la nueva ley se espera que Conagua decida el precio final al usuario, aunque no hay certeza de que con su presupuesto pueda hacer frente a los intereses de los consorcios que vayan a participar en este sector.

Por mera humanidad, los legisladores deberían detener el proceso de la aprobación final de esta ley, pues el modo de vida de la gente, la dignidad de las personas y la preservación del medio ambiente, se logran con el fortalecimiento institucional y no con el aumento de utilidades.

Hasta el próximo martes.

 

lararene83@yahoo.com.mx


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