ALBERTO CHIU
ALBERTO CHIU

La intempestiva salida (por decirlo de una manera sutil, aunque con muchas dudas) de Agustín Jaime Ortiz Arellano de la dirección de Tránsito del Estado, ha sido tomada con reservas por una buena parte de la ciudadanía… y más aún por una buena parte de los propios agentes de Tránsito.

Al momento en que se dio el relevo en la oficina, casi 24 horas después de que presuntamente presentara su renuncia por “motivos de salud”, Ortiz Arellano todavía era señalado por varios de los agentes como un jefe que recibía privilegios por la vía del moche o la mordida y que además usaba una supuesta relación de confianza con las más altas esferas del poder Ejecutivo para hacer y deshacer a placer en esa instancia.

Consistentemente, NTR Medios de Comunicación dio cuenta de varias y diversas quejas de agentes viales que, en un momento, les condujo incluso a tomar sus propias instalaciones, hacer un plantón y demandar la salida de Ortiz Arellano de la dirección.

En aquél momento, las acusaciones de los trabajadores eran por presuntos actos intimidatorios de su jefe, por hostigamiento laboral, por prepotencia y abuso de autoridad, y hasta por ser “violento” para con ellos.

Después de algunas pláticas conciliatorias, la manifestación se levantó con el compromiso de que no habría represalias en contra de quienes la habían realizado, pero de ahí no pasó a mayores. Se prometió una investigación y todo mundo quedó a la espera.

Finalmente, se realizó una auditoría al director por parte de la Secretaría de la Función Pública. Antes, durante y después del escrutinio, decenas de agentes viales aseguraban que no saldría bien librado, pues decían conocer las trampas y las irregularidades en que había incurrido Ortiz Arellano desde la dirección, siempre protegido (y así lo aseguraban todavía) por personas muy cercanas al gobernador Miguel Alonso Reyes.

La auditoría arrojó algo de luz sobre el caso y le puso nombre a las sospechas de los agentes viales inconformes: presunto enriquecimiento ilícito, inconsistencias en el patrimonio y lo declarado como sueldos, ocultamiento de la desaparición de agentes que fueron secuestrados… aunque alguien más cobraba sus cheques, contratación de dos de sus hijos (uno de ellos, menor de edad) como empleados de la dependencia… y quién sabe cuántas cosas más.

Incluso cuando se le dio a conocer una lista de 13 observaciones que habría de solventar, al término del plazo legal convenido sólo había logrado explicar seis de ellas. Guillermo Huizar informó que se le había solicitado nuevamente terminar la solventación de las observaciones restantes… y no lo hizo. Como si no le importara en absoluto haber sido exhibido como corrupto, con las manos en la masa.

Ahora se va de la dependencia acusando “motivos de salud”. Pero no es suficiente.

Su remoción, ordenada por el gobernador Miguel Alonso, no puede poner punto final a una historia que, día a día, se fue comprobando a sí misma: sí había corrupción; los agentes que lo acusaban sí decían la verdad y no, no pudo (o simplemente no quiso) explicar su riqueza, sus propiedades, sus caprichos.

A decir de algunos críticos, parece que el gobernador ya hizo lo que tenía que hacer en el caso de Tránsito del Estado. ¿Hará ahora Guillermo Huizar Carranza lo que le toca tratándose de una investigación que ya terminó y que le arrojó resultados evidentes e incontrovertibles? ¿O se quedará callado y archivará el caso..?

No, todavía no es suficiente.


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