ALBERTO CHIU
ALBERTO CHIU

Hasta donde nos habíamos quedado en la historia, resultó que Agustín Jaime Ortiz Arellano sí fue destituido de la Dirección de Transporte, Tránsito y Vialidad, a pesar de su pretendida versión de que renunció por “motivos de salud”.

En aquella ocasión, luego de recordar la larga lista de irregularidades en las que incurrió el ex funcionario –destituido por corrupto, quedó claro– escribí:a decir de algunos críticos, parece que el gobernador ya hizo lo que tenía que hacer en el caso de Tránsito del Estado. ¿Hará ahora Guillermo Huizar Carranza lo que le toca tratándose de una investigación que ya terminó y que le arrojó resultados evidentes e incontrovertibles? ¿O se quedará callado y archivará el caso..?

No, todavía no es suficiente.

Hasta ahí mi propia cita textual y, lamentablemente, tendría que continuar ahora con la misma frase de cierre.

No, todavía no es suficiente.

Faltaría que alguien –por ejemplo, Guillermo Huizar Carranza– nos explicara con manzanitas qué criterios se tomaron para imponer una sanción de inhabilitación de dos años, y en qué habrían diferido esos criterios, por ejemplo, con la sanción de inhabilitación por 10 años que, durante el sexenio de Amalia García Medina, se impuso a la otrora directora de Tránsito del Estado, Julia Olguín, por acusaciones de corrupción en cuanto a las concesiones de transporte público.

Faltaría que nos platicara de qué manera procede también la Secretaría de la Función Pública en los demás casos de presunta corrupción que han llegado hasta su escritorio, y sobre los cuales también se han enderezado sendas auditorías, sobre personajes como el ex director del Colegio de Bachilleres, Mario Caballero Ramírez, y las consecuencias de dicha auditoría… si es que las hay.

Faltaría también que, quizás el propio Guillermo Huizar, o tal vez con el apoyo del auditor superior del estado, Raúl Brito Berumen, nos explicaran a los zacatecanos cómo van las investigaciones sobre la laaarga fila de expedientes de irregularidades cometidas por ex funcionarios y funcionarios públicos municipales, y si es que acaso también contra ellos se procederá mediante sanciones que los inhabiliten para ejercer como servidores públicos, por corruptos.

Yo sé que son odiosas las comparaciones y que muchas veces no tienen puntos de referencia parejos, pero sí considero que habría que recordar que durante el sexenio anterior, y siendo contralora Norma Julieta del Río (hoy integrante de la Comisión Estatal de Acceso a la Información Pública), se inhabilitó no sólo a Julia Olguín, sino también a Chuyde Alba, ex director del Issstezac, y a varias decenas de funcionarios de la propia administración estatal y de varias administraciones municipales.

Ahora, mientras tanto, no se aprecia tanto una mano dura desde la SFP. O si existe, no se da a conocer. O si se da a conocer, se minimiza su importancia. Como si transparentar que hay errores y que se tratan de corregir fuera pecado.

Por eso, precisamente, todavía no es suficiente. Porque los ciudadanos esperamos todavía mucho más: transparencia, respeto a la ley, castigo a los corruptos. ¿Es mucho pedir?


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