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Washington.- El Departamento de Seguridad Interna (DHS) de Estados Unidos reconoció hoy que alguaciles de ciudades del país ignoraron 12 mil peticiones para mantener detenidos a inmigrantes, pero rechazó convertir la detención en obligatoria.

“No creo que sea el camino correcto que a través de legislación federal se fije una conducta obligatoria a los alguaciles y jefes de la policía”, dijo el secretario de Seguridad Interna, Jeh Johnson, en audiencia del Comité Judicial de la Cámara de Representantes.

Johnson fue cuestionado sobre el tema luego que la ciudad de San Francisco, autodenominada “santuario” para inmigrantes indocumentados, ignoró una petición de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) para ser informada de la liberación del mexicano Juan Francisco López Sánchez.

Deportado a México en cinco ocasiones, López Sánchez causó el mes pasado la muerte de la joven Kate Steinle en San Francisco, California.

López Sánchez había estado en custodia del ICE tras cumplir una condena por ingreso ilegal a Estados Unidos y fue entregado a la oficina de alguaciles de San Francisco por una acusación separada de posesión de mariguana.

Pero bajo las reglas de la ciudad, el inmigrante mexicano fue liberado cuando se retiraron los cargos por la segunda acusación y porque no existía una causa criminal pendiente en su contra.

López Sánchez, quien aceptó haber disparado accidentalmente el arma que causó la muerte de la joven, dijo en una entrevista con una televisora local que viajó a San Francisco por ser una ciudad “santuario” de indocumentados. Actualmente permanece preso acusado de homicidio.

Johnson dijo conocer el caso del mexicano, pero insistió en que la mejor manera de lidiar con el tema es buscar la cooperación de los jefes policiales de Estados Unidos.

“Quiero que trabajemos de manera cooperativa con las agencias policiales estatales y locales, y creo que estamos listos para hacer eso”, dijo el funcionario.

Estados Unidos aplicó durante años el programa de “Comunidades Seguras” a fin de que las jefaturas de policía locales cruzaran la información de personas detenidas con los bancos de datos federales para determinar si eran buscadas por violaciones migratorias.

El programa fue cancelado luego de sucesivas quejas judiciales de las jefaturas de policía en el sentido de que carecían de autoridad -bajo la cláusula de proceso debido de la Constitución- para retenerlos encarcelados hasta que fueran procesados por fines migratorios.

La administración del presidente Barack Obama decidió cancelar el año pasado “Comunidades Seguras” y sustituirlo con el Programa de Prioridades de Cumplimiento (PEP), que limita la transferencia de detenidos a aquellos buscados por graves delitos o que son un riesgo a la seguridad nacional.

Pero legisladores republicanos sostienen que el PEP es un “fracaso” porque es optativo y las jefaturas de policía –especialmente aquellas de unas 200 ciudades santuario del país- siguen ignorando las peticiones del DHS.


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