CARMEN ARISTEGUI/AGENCIA REFORMA
CARMEN ARISTEGUI/AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- “El caso Tlatlaya se encamina a quedar impune”, dice el comunicado emitido este miércoles y firmado por 16 organizaciones de derechos humanos con motivo de la sentencia absolutoria, dictada por el Juzgado Sexto Militar, a seis de los siete militares involucrados en la matanza ocurrida el 30 de junio de 2014, en esa localidad mexiquense. Uno de los soldados fue condenado a un año de prisión, por el delito de desobediencia, pena ya compurgada.

Si bien estos juicios son relativos a deberes militares, el juez de la causa -para resolver los casos- se pronunció sobre el corazón mismo del asunto y determinó que la actuación de los militares -en la trágica escena que costó la vida a 22 civiles- fue en respuesta a la agresión contra ellos que provenía de la bodega en la que se encontraban los civiles. Al resolver sobre ese hecho central, el juez militar libera a los militares de una responsabilidad mayor: la de haber participado en la ejecución de un grupo de civiles que ya habían sido sometidos, después de la refriega inicial en la que -efectivamente- hubo disparos de ambos lados.

El asunto no es si eran o no delincuentes los que estaban en la bodega, el asunto es si los militares recibieron una orden, o la interpretaron, o actuaron por iniciativa propia para eliminar, físicamente, a esos civiles que estaban ya bajo el control total de los militares. Dejar en la impunidad conductas de esta naturaleza es una invitación a repetirlas.

Con Tlatlaya, estamos ante uno de los casos más graves de violación a derechos fundamentales y privación de la vida por agentes del Estado mexicano en contra de civiles de los últimos años.

El procesamiento judicial solo fue posible gracias a las revelaciones periodísticas que, en su momento, desmontaron la inmensa mentira con la que las autoridades pretendieron ocultar los hechos. El boletín informaba de la muerte de 22 civiles producto de un enfrentamiento con militares. Las manchas de sangre en las paredes, producidas por impactos a corta distancia, indicaban que en ese lugar habían ocurrido ejecuciones. Se supo después que militares habían, también, alterado la escena del crimen.

Sabemos ahora de la absolución de los militares gracias a que una de las víctimas ganó un amparo que le permitió acceder al expediente dentro del cual se encontraba la sentencia absolutoria. El juicio se realizó el año pasado y en octubre se emitió la sentencia.

De manera paralela -y ese es otro gran tema- la PGR ejerció acción penal contra los siete militares, tres por el delito de homicidio y cuatro por diversos ilícitos. Un juez de Toluca dictó auto de formal prisión a tres soldados por homicidio calificado y decretó auto de libertad a los otros cuatro, acusados por ejercicio indebido del servicio público y encubrimiento. Los tres primeros se mantienen en prisión. También, en este caso derivada de la recomendación de la CNDH, se “…mantiene una investigación abierta… en torno a la denuncia por graves violaciones a derechos humanos”, según se lee en la nota informativa que entregó la PGR a la cadena CNN, en la que agrega que: “… la PGR deberá contar con la ratificación, por parte de la víctima, de las pruebas y escritos que ha ofrecido”. Se refiere a Clara Gómez González, la mujer que al haber ido en busca de su joven hija, abatida en la bodega, se convirtió en testigo de hechos que ha narrado ya en varias ocasiones.

La PGR no alude a un tema principal relacionado con la divulgación, por parte del Centro Prodh, de un documento-guía castrense para la realización de operativos en el que se instruye a militares a “…operar en la noche en forma masiva y en el día reducir la actividad, a fin de abatir delincuentes en horas de oscuridad”. La palabra “abatir” desató un debate el año pasado, cuando fue dado a conocer este documento, en el que participó el propio gobierno. Si es o no sinónimo de matar la palabra “abatir” era el tema. Incluso, en declaraciones inusuales a la prensa, el secretario de la Defensa dijo que se había tratado de “un error” de transcripción el hecho de que la palabra estuviera ahí.

¿Esa instrucción, por escrito, sobre abatir delincuentes en la oscuridad es la que guió la conducta de los militares en el caso Tlatlaya? ¿La PGR investigará o no si lo sucedido en la bodega fue producto de una instrucción institucional?

Por lo pronto un juez militar ha absuelto a los militares y ha concluido, prácticamente, que actuaron en defensa propia. ¿Acaso la justicia civil resolverá en sentido contrario? ¿Es verdad que el caso Tlatlaya se encamina a quedar en la impunidad?

 


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