Zacatecas.- En el estudio Tortura de Mujeres por Policías y Fuerzas Armadas en México, publicado este martes, Amnistía Internacional ubicó a Zacatecas en lugar número siete con mayor número de denuncias contra las corporaciones de seguridad.
La Ciudad de México y el Estado de México son las entidades con mayor cantidad de detenciones con tortura en todo el país, seguido de San Luis Potosí, Coahuila, Tamaulipas, Tabasco y Zacatecas.
Amnistía Internacional entrevistó a 100 mujeres recluidas en cárceles mexicanas, de las cuales, 82 por ciento habían sido detenidas a partir de 2011.
De acuerdo con el organismo, “existen indicios que sugieren que la tortura y otros malos tratos se utilizan con frecuencia contra personas acusadas de delitos de gran resonancia que entran en la estrategia de seguridad pública de la ‘guerra contra el narcotráfico’ y la delincuencia organizada”.
De estas mujeres, 33 por ciento manifestó haber sido violada durante el arresto y 72 por ciento dijo haber sido víctimas de éste y otros tipos de violencia sexual, como tocamientos y golpes o descargas eléctricas en los genitales o los pechos.
Asimismo, de los casos documentados por Amnistía Internacional para este informe, la mayoría de las mujeres ganaban entre mil y 5 mil pesos al mes lo que “las sitúa en el estrato socioeconómico más bajo de la sociedad mexicana”.
El estudio señala que: en el contexto de la denominada “guerra contra el narcotráfico en México, las autoridades parecen considerar a las mujeres el eslabón más débil de la cadena”.
Amnistía refiere que las autoridades ven a las mujeres “como a un blanco fácil para la detención, ya que los cárteles de la droga a menudo captan a mujeres de entornos vulnerables para que realicen para la banda las tareas de más bajo nivel y más peligrosas, y las consideran prescindibles en caso de que sean detenidas”.
La edad media de las mujeres entrevistadas era de 27 años, 10 por ciento estaba embarazada y 8 por ciento sufrió un aborto a partir de los tratos recibidos durante su detención.
Por ello, el organismo ha recomendado a las autoridades mexicanas que “se retire de inmediato a las fuerzas armadas de las labores de seguridad pública, para las que no han recibido formación y por las que no rinden cuentas”.