La Contraloría desconoce el destino de 372 millones 163 mil 466 pesos, informó José Manuel Escamilla Jaime, titular del área.
Lo anterior, resultó de la auditoría interna que se efectuó a la Dirección de Tesorería y Finanzas, explicó.
En mayo se inició este proceso, en el que se auditó el Ejercicio Fiscal 2015 y el primer trimestre de 2016.
Detalló que del monto total, 153 millones 946 mil 60 pesos corresponden a ingresos, mientras que 218 millones 217 mil 406 son de egresos que se realizaron durante el periodo auditado.
Explicó que derivado del análisis entre la evidencia presentada de forma impresa del Presupuesto de Egresos del Municipio de 2015 y del reporte de egresos del ejercicio fiscal del mismo año, se observó que el primero es por la cantidad de 765 millones 947 mil 634 pesos, pero de ellos sólo se ejercieron 547 millones 730 mil 228 pesos.
Por lo que resulta una diferencia de 218 millones 217 mil 406 entre lo presupuestado y lo ejercido; sin embargo, la dirección auditada no presentó evidencia documentada del Ejercicio Fiscal 2015 para justificar que no se ejerció dicha cantidad que estaba presupuestada.
Además, no se mostró debidamente autorizada la modificación o reducción que en su caso pudiera haber sufrido el presupuesto, por lo que se desconoce el destino de los más de 218millones de pesos.
Escamilla Jaime explicó que en relación a lo programado de ingresos y derivado de un análisis comparativo entre la evidencia presentada de la Ley de Ingresos del Ejercicio Fiscal 2015 y el reporte de ingresos del mismo período, se observa que el primero es por 601 millones 228 mil 810 pesos, mientras que el segundo asciende a 676 millones 923 mil 115.
De lo anterior, resulta que se tuvo un excedente de la meta programada que equivale a 75 millones 694 mil 305 pesos.
En relación a la recaudación de ingresos, el funcionario expuso que con base en los informes de ingresos y egresos mensuales de 2015, el Municipio tuvo como techo presupuestal 701 millones 676 mil 228 pesos, los cuales resultan dela sumatoria de 676 millones 923 mil 115 pesos que corresponden a ingresos recaudados y a 24 millones 753 mil 173 que se tenían como saldo inicial en 2015.
No obstante, el contralor informó que de los 701 millones 676 mil 228 pesos sólo se ejercieron 547 millones 730 mil 228 pesos, por lo que existe una diferencia de 153 millones 946 mil pesos, misma que no está registrada en los informes de egresos de 2015, ni tampoco en el saldo inicial de 2016.
Debido a que durante el proceso no se presentaron evidencias para justificar el destino de dicho monto, se desconoce en dónde se encuentra.
En abril de este año, los ediles Javier Hernández Aguilar y Fernando Valdez Vanegas denunciaron que, luego de realizar un análisis detallado de los 12 informes de ingresos y egresos de 2015 presentados por la Dirección de Finanzas y Tesorería, detectaron un desfalco de 154 millones 946 mil pesoscorrespondientes al Ejercicio Fiscal 2015, cantidad que es similar a la que señala Escamilla Jaime.
El contralor detalló que de la auditoría que realizaronse derivaron 18 observaciones, de las que sólo una fue solventada, pese a que la dirección auditada las recibió desde el 18 de agosto.
Algunas de las observaciones que no fueronatendidas se refierena que no se presentó evidencia documentada del Programa Operativo Anual Municipal de 2015, ni la relación de altas y bajas de personal en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), así como el desglose de percepciones otorgadas a funcionarios de primer nivel durante 2015.
Además no se justificó el motivo por el que se erogaron recursos para el pago de actualizaciones, recargos, así como cantidades excedentes por 51 mil 676 pesos al IMSS, lo queel funcionario consideró como un agravio al erario.
Asimismo, no se presentó la relación de montos ejercidos en 2015 a proveedores y acreedores, movimientos auxiliares de cuentas de ese periodo, catálogos de cuentas vigentes, entre otras.
El contralor acotó que los resultados ya fueron notificados al alcalde Gilberto Dévora Hernández; Raúl Brito Berumen, titular de la Auditoría Superior del Estado (ASE); Ernesto Acosta Escalante, titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP); Leticia Casillas Morales, síndico; y a los regidores.
Reveló que para aplicar sanciones será necesario iniciar una etapa de procedimientos administrativos de responsabilidad, mismos que –afirmó– le competen a otras áreas que ya fueron notificadas.
“Al darle parte a la síndico y no estar solventados estos más de 372 millones de pesos, ella tendrá que hacer lo propio para instaurar los mecanismos jurídicos de una investigación de carácter penal contra quien resulte responsable y para aplicar procesos resarcitorios deberá iniciar un proceso la ASE”, precisó.