SAÚL ORTEGA Y LORENA GUTIÉRREZ/NTRZACATECAS.COM
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Organizaciones sociales y defensoras del medio ambiente formaron una coalición para exigir que el semidesierto zacatecano sea declarado Área Natural Protegida, luego de que el gobierno del estado anunciara el replanteamiento de este proyecto para salvaguardar las inversiones mineras en esa zona.

Beatriz Olivera, activista e investigadora sobre industrias extractivas en el Centro de Análisis e Investigación Fundar México, informó que esta asociación trabaja junto con el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), Greenpeace México y Fundación Acción Geoda, entre otras, para que la declaratoria se logre este año.

“Nos parece sumamente grave que se autoricen las modificaciones que quiere hacer la industria minera, no sólo para la biodiversidad que existe en el área y que está en riesgo”, externó.

Olivera resaltó que en esas 2 millones de hectáreas del territorio de la entidad “hay gran riqueza en materia de biodiversidad”, pues ahí habitan especies emblemáticas, como el águila real, así como otras que también están en peligro de extinción, como el perrito de la pradera.

La coalición de asociaciones ecologistas busca el diálogo con la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), para evitar que se modifique o cancele la propuesta de declaratoria.

Además, impulsa una petición en la plataforma change.com para exigir la publicación del Decreto de Reserva de la Biósfera del Semidesierto Zacatecano en los términos del estudio previo justificativo realizado en 2014; hasta la tarde de este martes, la iniciativa tenía 452 de las 500 firmas que se requieren.

“Nos parece sumamente preocupante que el gobierno de Zacatecas ceda ante el cabildeo que hace la industria minera, con el argumento de que habrá pérdida de empleos e inversiones”, expuso la activista.

Beatriz Olivera enfatizó que tanto el gobierno estatal como el federal deben priorizar el tema de las zonas naturales protegidas, de cara a la decimotercera Reunión de la Conferencia de las Partes (COP13) del Convenio sobre Diversidad Biológica (CDB) de las Naciones Unidas, que se celebrará en diciembre en Cancún, Quintana Roo.

“Lo más adecuado es ser congruentes con la política exterior y lograr que esta declaratoria se realice este año, lo que por cabildeo de estas empresas (las mineras) no ha sido posible”, afirmó.

 

Reprochan modificaciones

Beatriz Olivera criticó que el gobierno del estado frene la propuesta con el argumento de que se perderán empleos en los municipios que comprende la zona, pues aseguró que estos lugares se han beneficiado poco de la minería.

“Habría que dejar esta zona libre de mineras, convencidos de que esta actividad no es una opción que permita incrementar el nivel de vida de la comunidad; no se ha visto mayor crecimiento económico en la zona, como en Mazapil, donde, a pesar de que la industria ya lleva bastantes años, no hay beneficio”, ejemplificó.

Apuntó que las cifras de la producción de esta industria y la derrama económica para esas localidades son muy contrastantes, por lo que cancelar la declaratoria con la justificación de la pérdida de fuentes de trabajo “no es una causa verdadera”.

Como ejemplo, la investigadora retomó el caso de Mazapil, donde, destacó, 70 por ciento de la población padece pobreza y 20 por ciento pobreza extrema, de acuerdo con el último estudio del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).

Insistió en que la actividad extractiva no representa un beneficio económico para la población y que, al contrario, aumenta los niveles de pobreza, perjudica la salud de los habitantes, daña el ambiente y genera conflictos sociales en los sitios donde se desarrolla.

“Que la cámara (minera) diga cuántos años lleva la actividad y cómo se ha beneficiado la población”, retó.

mina

 

Medio ambiente como prioridad

Olivera afirmó que la coalición está abierta al gobierno de Zacatecas, con el que, aclaró, no se ha tenido contacto, y ofreció asesorar a las autoridades estatales sobre la importancia de la declaratoria.

En contraste, consideró que no hay opción de negociar el proyecto con los intereses industriales, pues valoró como prioritaria la protección del ambiente.

A nombre de las organizaciones ambientalistas, la activista descartó el diálogo con representantes de las mineras: “nuestra postura es un poco más radical, creemos que hay que respetar los límites de la naturaleza y que hay que proteger las pocas áreas que nos quedan”.

“La actividad minera se va a seguir realizando. Creo que esta industria está alertando de más a los gobiernos municipales, sembrando temor y miedo”, aseguró Beatriz Olivera.

Sin embargo, la activista e investigadora sobre industrias extractivas en el Centro de Análisis e Investigación Fundar México admitió que el decreto tendría “repercusiones fuertes” en todos los proyectos de extracción en la zona, por lo que se afectaría el desarrollo de esta actividad en el estado.

“La propuesta es lo que hemos dicho desde hace algunos meses varios ambientalistas:, que el área se declare como se había propuesto desde 2014 y se conserve dentro de los límites que se había dispuesto”, sentenció.

 


Nuestros lectores comentan

  1. A otro gato con ese cuento

    y todas la familias que dependen la industria minera ,, donde quedarían y claro que hay beneficio para mazapil y sus alrededores, pero si ella va generar los miles de empleos que se sustentan en la actualidad que proponga que hacer ,, no solo es hablar por hablar,he dicho….

  2. En efecto las mineras causan contaminación y deterioro ambiental.
    También genera algunos, muy pocos, empleos para los Zacatecanos.
    Es parte de los problemas de la industria extractiva, igual que el coltan, igual que el petroleo.
    No nos gustan, pero las necesitamos.
    La solución es extraerlas con el menor daño posible a la naturaleza.
    En el caso de Mazapil existe otro problema, los beneficiarios son empresarios extranjeros. México debe explotar sus minas y repartir los beneficios entre los mexicanos.