DANTE GODOY/NTRZACATECAS.COM
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En entrevista exclusiva con NTR Medios de Comunicación, la titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Paula Rey Ortiz Medina, declaró que existen ocho quejas por parte de cabildos con respecto a licitaciones de obra del Fondo Minero concedidas de manera directa y sin pasar por un proceso de licitación.

Esto luego de que el gobernador Alejandro Tello Cristerna externara que encontró “cosas extrañas” en el Fondo Minero.

Además, el mandatario estatal afirmó que en 18 municipios existen quejas por supuestas presiones para que se entregaran los permisos de contratación y construcción de obras.

Paula Rey Ortiz mencionó que el proceso de revisión de las carpetas de investigación está en curso y que dadas las condiciones en las que se presentan los supuestos, no determinó qué alcaldías metieron el recurso a la SFP por tratarse de información clasificada.

La funcionaria no especificó los montos a los que ascienden las licitaciones por ser un procedimiento de índole jurídica y que solamente atañen las pruebas en materia de procederes.

Sin embargo, Ortiz Medina recordó que de acuerdo con la normatividad, toda obra con un costo superior a un millón y medio de pesos debe ser licitada.

La funcionaria estatal aseguró que los resultados de la indagatoria serán del dominio público dentro de aproximadamente dos semanas, para dar cumplimiento a los protocolos de transparencia y acceso a la información.

Asimismo, la secretaria de la Función Pública dijo que “se turnará la acreditación o desacreditación de las pruebas a los órganos de control por parte de las dependencias gubernamentales y municipalidades involucradas en el proceso arbitrario de otorgamiento de las obras”.

Rey Ortiz dio a conocer que los funcionarios involucrados en la cesión de los títulos para operar obras “tendrán un periodo de 10 días para presentar probatorias que justifiquen el proceder”.

“Partiendo del supuesto de acreditar o no sus actos, el dictamen final para aplicar sanciones administrativas o inhabilitaciones ahora estará en el terreno de los organismos jurídicos de las dependencias a donde pertenecen”, aclaró.

En tanto, la funcionaria dijo que no solamente el Fondo Minero está inmiscuido en las irregularidades, sino que detectó que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) también participó en actos de asignación directa de obra para mejora de infraestructura social y traslado de apoyos alimentarios.

Sin embargo, Paula Rey Ortiz aclaró que en el caso de una dependencia federal como la Sedatu, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) tiene las atribuciones para entablar una indagatoria y comenzar a integrar la carpeta de averiguaciones.

“En dado caso de que los recursos sean bipartitos, tendremos que revisar cuáles son las aportaciones de cada entidad y, entonces, comenzar a llevar a cabo la indagatoria”, refirió.

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