SERGIO SARMIENTO
SERGIO SARMIENTO

“El gobierno no tiene más propósito que la preservación de la propiedad”

John Locke

Paradoja. El gobierno de Ciudad de México organizó un referéndum sobre el Corredor Cultural Chapultepec, rechazado por 14 mil ciudadanos, pero no sobre la nueva constitución capitalina. Supongo que el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, intuye que los votantes la rechazarían.

El proyecto representa un retroceso enorme para las libertades individuales. No es un verdadero texto constitucional que señale y proteja garantías individuales, sino un proyecto político que presume ser progresista, pero que empobrecerá a la ciudad al establecer mayores controles gubernamentales y reducir las libertades.

Mucha de la discusión se ha centrado en el artículo 21, fracción C, que en su párrafo 7 señala: “los incrementos en el valor del suelo derivados del proceso de urbanización, se considerarán parte de la riqueza pública de la ciudad”. El párrafo 9 añade que el gobierno recuperará “las plusvalías generadas [por los derechos de edificación] que deberán ser aplicadas en beneficio de los sectores de bajos ingresos”. Esta disposición, que sugería una confiscación generalizada de las plusvalías, ha sido al parecer modificada en comisiones, pero el texto está lleno de otras medidas destinadas a despojar a los ciudadanos, concentrar el poder y eliminar las libertades individuales.

El proyecto crea una enorme lista de derechos artificiales, como el de “una sexualidad plena” en el artículo 10, fracción D, pero establece restricciones ideológicas que pueden impedir el cumplimiento de algunos de estos derechos, como el artículo 14, fracción H, que “prohíbe toda forma de privatización del agua”.

Por otra parte, no reconoce la propiedad más que en términos de su función social. Olvida que John Locke consideró que la principal responsabilidad de cualquier gobierno es proteger la propiedad o que ésta fue considerada un derecho fundamental en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de la Revolución Francesa y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas. Para la estalinista izquierda mexicana, la propiedad privada es un derecho incómodo y por lo tanto innombrado. Pero, eso sí, el proyecto permite la privatización del espacio público. El artículo 15, fracción F, párrafo 2 establece que “las personas prestadoras de servicios, vendedores fijos y semifijos tienen derecho a: a) Desempeñar sus actividades y oficios en los espacios públicos de la ciudad, determinados por la ley”.

Una verdadera constitución debe ser un texto sencillo que reconoce derechos y garantías individuales y sirve de sustento a leyes y reglamentos más detallados. Este proyecto, en cambio, es un abigarrado texto de 148 páginas, redactado sin técnica jurídica, que pretende imponer a la sociedad un cuestionable proyecto político.

Lo que más inquieta es que incluye una disposición que busca evitar que la sociedad, en un ejercicio democrático, pueda modificar sus perjudiciales medidas. El artículo 175 sentencia: “en materia de los derechos y libertades conquistados en la Ciudad de México, esta Constitución y las leyes que de ella emanen, sólo podrán reformarse para ampliar, proteger y garantizar los derechos de las personas, nunca en menoscabo”. Aun cuando los ciudadanos quieran modificar la tendencia política de la Constitución, no lo podrán hacer. La Constitución los despoja de ese derecho fundamental. Con razón el gobierno no ha querido someter el texto a referéndum.

 

Todos iguales

Gabriela Ramos, directora de gabinete de la OCDE, señala que en las pruebas de Pisa los niños mexicanos muestran una gran igualdad: todos tienen un pésimo desempeño. Otros países, como Francia, evidencian mayor desigualdad, pero también mayor calidad.

 

Twitter: @SergioSarmiento


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