Alberto Chiu
Alberto Chiu

La acusación de Soledad Luévano Cantú ante la PGR en contra del ex gobernador Miguel Alonso Reyes derivó, como era natural, en los cuestionamientos acerca del caso hechos al actual gobernante, Alejandro Tello Cristerna, de los que salió finalmente tomando prudente distancia y sin comprometerse más que al cumplimiento de la ley.

No lo quiso ni juzgar, ni condenar, pero tampoco se aventuró a exonerarlo de palabra, ni dijo que metería las manos al fuego por él. Vamos, pues, en términos llanos dejó que sea la Procuraduría General de la República quien haga lo que tenga que hacer, investigue lo que le compete y, en su momento, defina su situación legal.

No lo hizo ni con el ex gobernador Alonso, ni tampoco con aquellos otros ex funcionarios que también están señalados en la mentada demanda. Ni siquiera lo hizo con quien actualmente es su propio funcionario, el secretario de Infraestructura, Francisco Ibargüengoytia Borrego, el único que repitió en el cargo tras el cambio de sexenio.

Sobre éste último, al igual que sobre todos los demás, sólo dijo que estará “muy expectante y respetuoso”. Distancia total.

Obviamente que estas declaraciones levantaron ámpula, sobre todo porque marcan una diferencia –y una distancia enorme– de aquellas otras declaraciones que, en tiempos pasados, hacían generalmente los nuevos gobernantes respecto de sus antecesores, sobre todo cuando se trataba de miembros del mismo partido que les había postulado.

Hubo un momento en nuestra historia en que se acostumbraba la defensa del ex gobernante (si no a capa y espada, sí por lo menos se les salvaguardaba en el discurso), e incluso hubo casos en los que se les daba casi por “santos”, retando a que se les comprobara cualquier posible comisión de delito, algo que era prácticamente imposible, pues ellos mismos (los nuevos) se encargaban de “cubrir las apariencias” lo suficiente como para que no se tocara a los predecesores.

Ahora, parece nuevamente abrirse ese abismo en aras de lo que Alejandro Tello pregona un día sí y al otro también: la transparencia en el ejercicio del poder público, la honestidad a toda prueba y la eficiencia en la impartición de justicia.

Incluso citó, como ejemplo de ello, la denuncia que en días recientes hizo la Secretaría de la Función Pública estatal en contra de los presuntos malos manejos que habrían llevado a cabo el delegado de la Sedatu y su secretario particular, misma que está ahora en manos del órgano interno de control de la delegación federal. De lo que pase con ellos y bajo su propia norma de control interno, Tello se dice respetuoso y lo deja en sus manos.

“No es nada personal”, asegura. Y en efecto no se trata –ni se debe de tratar– de un asunto personal, sino institucional. La comisión de un delito por parte de un funcionario público, un servidor del pueblo, es un agravio contra el Estado mismo, contra sus instituciones y contra su población, pues se trata de una ofensa abusiva que lesiona no sólo a los intereses del pueblo, sino a la estructura y a la misma esencia del gobierno. Por ello, los castigos también deben ser ejemplares… pero eso lo tendrá que definir la PGR, si es que encuentra delito.

Con esta toma de distancia, habremos de esperar ahora a ver qué hace la procuraduría con su investigación, estar también “expectantes y respetuosos” para conocer si se solicita información al gobierno estatal (que ojalá nos lo informaran), y si es que se encuentran pruebas de culpabilidad de quien quiera que haya sido el causante de los posibles delitos. Y como dice el gobernador, que se actúe con todo el peso de la ley y hasta sus últimas consecuencias.

La sana distancia, sin embargo, no exime a este gobierno estatal de hacer sus propias investigaciones. El castigo de los corruptos de antaño quizás esté en manos de la instancia federal, pero la generación de confianza en los zacatecanos sigue estando en manos del gobernador y sus colaboradores.

 


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