ALBERTO CHIU
ALBERTO CHIU

Ayer, durante la sesión de la Comisión Permanente en la LXII (62) Legislatura del Estado, la fracción parlamentaria de Morena, en voz de José Luis Medina Lizalde, lanzó, directo al regazo de los diputados locales, una papa caliente que implicaría hacerle modificaciones al Presupuesto de Egresos que este mismo poder aprobó justo antes de terminar el año pasado.

¿Qué tanto se modificaría? Según explicó someramente Medina Lizalde, durante la exposición ante sus compañeros diputados, se pretende que de aprobarse estas modificaciones se elimine el concepto de cobro impositivo llamado “de infraestructura” –por el que medio mundo ha renegado–, y que representa unos 175 millones de pesos.

Pero además, que lo etiquetado para “pago de estímulos a servidores públicos”, que alcanza la cifra de los 678 millones de pesos, se destine a subsidiar el agua potable, para evitar más alzas contra las que está la mayoría de los ciudadanos.

Proponen que los gastos de representación (unos 11 millones de pesos) se vayan mejor a un programa de apoyo a la agricultura y la ganadería; que lo que se gastaría en “traslado y viáticos” del gobierno (unos 16 millones), se destine mejor a un programa de seguro de desempleo temporal.

En el caso de la cantidad destinada a gastos en comunicación social y publicidad del gobierno, se le quite la mitad y se reoriente a subsidiar el transporte público, para evitar el alza en las tarifas del mismo; y la misma suerte correría lo etiquetado como “servicios de transporte por carretera”, que quedaría disminuido a la mitad, para que el resto (unos 253 millones de pesos) se destine al apoyo de la instalación de una micro-refinería para producir combustible (18 millones), y a un programa de empleo temporal emergente (235 millones).

Insistió, en su propuesta, en que se eliminen las llamadas “herramientas legislativas” que reciben los diputados, y que esos cerca de 61 millones de pesos se apliquen a un programa de becas alimentarias para apoyar a cerca de mil 700 beneficiarios con 3 mil pesos mensuales.

Que de los gastos de la oficina del gobernador, 43 millones de pesos se puedan también enfilar hacia el otorgamiento de poco más de mil 200 becas para estudiantes de bajos recursos, y que de lo presupuestado a la Secretaría de Desarrollo Social se reorienten también otros 54 millones de pesos para crear un programa que otorgue poco más de 4 mil 500 apoyos extraordinarios para familias en pobreza extrema.

Suena bien, ¿no?

Pero claro, apenas está hecha la propuesta, y todavía falta que en las comisiones dictaminadoras le metan mano, tijera y recorte los diputados integrantes, para ver en qué quedará finalmente una intentona que, de primera intención, parece ir dedicada especialmente a las fracciones aliadas al gobierno, quienes mayoritariamente aprobaron la anterior repartición de recursos a finales del año pasado.

Es obvio que muchas de estas propuestas de reorientar recursos calan en el sentir de la población, sobre todo de la más vulnerable, y hacen al mismo tiempo eco de muchas exigencias actuales, que ante el cobro de nuevos impuestos han puesto a una buena parte de la ciudadanía a “parir chayotes”, y que han encontrado como único paliativo (que no solución) la manifestación pública de repudio y rechazo a las medidas adoptadas por el gobierno del estado.

Sin duda es una papa caliente pero, tal como lo reconocen los propios opositores, parece que en el sector oficialista se han especializado en manipular hábilmente esas papas sin quemarse, y lo que a muchos les calaría de pronto es que de entrada los opositores casi den por perdida la batalla.

Ahora lo que hay que esperar es ver qué tanta sensibilidad muestran éstos, nuestros políticos y representantes populares. Habrá que ver qué otras alternativas toma el gobierno federal y cómo se seguirá manifestando la sociedad civil ante una situación que se vuelve cada día más difícil. Será una buena prueba de inicio de año… a ver quién resulta el más quemado. Veremos.

 


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