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México.- Las cuentas de baja transaccionalidad serán monitoreadas por la banca comercial y la información que acumulen deberán entregarla a las autoridades financieras, según normas antilavado de dinero publicadas en el Diario Oficial.

La Secretaría de Hacienda derogó y adicionó disposiciones de carácter general al artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, conforme a las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) organismo del que México es miembro desde el 2000.

Desde el 2011, la banca ofrece cuentas de baja transaccionalidad de tres distintos niveles.

La cuenta del nivel Uno está limitada a recibir depósitos hasta de 750 unidades de inversión (Udis) mensuales, por lo cual el cliente no requiere presentar identificación alguna ni documentarse en una sucursal bancaria.

Este producto financiero puede abrirse con sólo llamar al banco, acudir a un corresponsal bancario o solicitarlo en la página de internet de una institución financiera.

Estas cuentas del nivel Uno serán las que deberán monitorearse.

“En relación a lo previsto para las cuentas nivel 1 se establece que las instituciones de crédito deberán realizar un monitoreo de las operaciones que se lleven a cabo en dichas cuentas y cuya información deberán proporcionar a la autoridad”, se menciona en el Diario Oficial.

Se agrega que esto permitirá que la autoridad financiera cuente con información estadística oportuna para el ejercicio de sus funciones en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo.

A su vez, las nuevas reglas modifican los umbrales de las operaciones relevantes e inusuales que deben reportar las instituciones financieras, así como el que corresponde al establecimiento de mecanismos de escalamiento de aprobación interna cuando las instituciones de crédito reciban efectivo en sucursales para diversas operaciones.

Por ejemplo, la realización de operaciones individuales de compra, recepción de depósitos y de pagos de créditos o servicios, transferencias u operaciones relacionadas con fondos de sus clientes.

Con ello, las autoridades contarán con mayor información para el desarrollo de sus facultades en prevención de lavado de dinero, se menciona en el Diario Oficial.

Las nuevas reglas obligan también a las instituciones a que lleven a cabo la aplicación de un enfoque basado en riesgo, por lo que se crea un capítulo en la ley de instituciones de crédito sobre el uso de una metodología para que las instituciones de crédito identifiquen y acoten los riesgos a los que están expuestos en materia de lavado de dinero.


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