ALBERTO CHIU | NTRZACATECAS.COM
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Si las estadísticas no mienten, y el gobierno estatal no lo oculta, el primer trimestre de este 2017 estaría por convertirse en el más sangriento de la historia reciente de Zacatecas, pues apenas en lo que va del año ya vamos en casi 120 asesinatos violentos, sin que hasta el momento se haya dado a conocer al menos un avance de resolución de las carpetas de investigación integradas por esas muertes.

En otras palabras, poco –o casi nada– se sabe de qué logros se tienen sobre la búsqueda, persecución, detención, procesamiento y/o sentencia de quienes han perpetrado semejante número de asesinatos, independientemente de si se trata de miembros del crimen organizado o de criminales no relacionados con bandas de narcotraficantes. No sabemos.

A pesar de que ha venido ocurriendo también el asesinato de varias mujeres –de las que también desconocemos si pertenecían a bandas o no–, poca información tenemos acerca de qué tan posible o tan cercano esté el decretar una alerta de género, como lo piden diversas organizaciones feministas locales, apoyadas incluso por la titular del Centro de Justicia para las Mujeres, Mara Muñoz Galván. No sabemos.

Pero más allá de la solicitud reiterada de que se decrete la alerta por el asesinato de mujeres, hay quienes piensan que ya está totalmente rebasada la cuestión de género, pues es alarmante y bastante escandaloso el asesinato también de hombres, jóvenes muchos de ellos, y que más bien el estado debería reconocer y establecer una alerta de géneros. Una alerta de violencia extrema que, afortunadamente, al parecer no ha tocado (aún) a víctimas inocentes de la sociedad civil. O al menos, eso es lo que dicen las autoridades, pero… no sabemos.

El incremento en el número de homicidios dolosos, así como en la cifra de secuestros, levantones, extorsiones, robos y demás delitos que son analizados y registrados a nivel nacional, dan cuenta de que algo no está funcionando en la estrategia de seguridad del estado, y que aunque hay esfuerzos en materia de prevención, ésta daría resultados no en lo inmediato sino en el transcurso del tiempo venidero. Y mientras tanto, ¿qué hacer?

La violencia (aunque diga el propio gobernador que no es la inseguridad) ha llevado a este gobierno a presentarse ante la ciudadanía como incapaz de contenerla o de atacarla. O incapaz de investigarla y anticiparse. O de impartir justicia pronta y expedita. O de todo lo anterior. Pero es que justamente esa fue una de las banderas con las que llegó a la primera magistratura Alejandro Tello, una de sus más importantes promesas de campaña, y no parece disminuir el problema sino incrementarse cada día que pasa.

Habrá quienes digan que lo que hay que hacer es solicitar más apoyo del gobierno de la República para que tengamos más presencia de las fuerzas federales; o que se pida apoyo al Ejército para que redoble su actividad disuasiva; o que se consigan más recursos para fortalecer las policías municipales y las corporaciones estatales… pero el camino sólo lo sabe quien toma las decisiones. La ciudadanía sólo se entera de la ola de ejecuciones, secuestros, robos, etcétera, por sí misma, por los medios o por los amigos. Y eso genera desazón.

Ante esa ola innegable, urge la respuesta pronta y explícita del gobierno estatal. Es apremiante que se le dé a la ciudadanía certeza de su seguridad personal y la de sus bienes y sus familias, pero sobre todo, certeza de la paz que evidentemente no se ve en las calles.

Los homicidios registrados, sean de hombres o mujeres, feminicidios o no, requieren atención inmediata no sólo para impartir justicia, sino para que el estado (el gobierno) comience a recuperar esa confianza que ha venido perdiendo, si ustedes quieren, por una cuestión de “percepción”. Pero si ni a eso le hacen caso, será demasiado tarde cuando la “percepción” se traduzca en una acción muy simple de los ciudadanos: reprochar la inacción del gobierno… en las urnas. Ya lo veremos entonces.


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