ALBERTO CHIU NTRZACATECAS.COM
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Con toda seguridad más de una vez usted, amable lector, ha visto cómo algún inconsciente conductor de vehículo se estaciona bloqueando alguna rampa para discapacitados, valiéndole un comino el que algún agente de seguridad le recrimine… porque la verdad parece que a ellos tampoco les importa mucho. Quizás en tiempos recientes la cultura vial haya mejorado un poco en ese sentido, y quizás haya algunos agentes responsables que hagan valer la ley, pero… son los menos.

El comentario viene a colación porque ayer se llevó a cabo en Zacatecas capital, a instancias de la Comisión de Derechos Humanos del estado, una conferencia magistral en la que expertos en la materia y personas con alguna discapacidad develaron lo que medio mundo sabe: nuestra ciudad no es amigable con ellos. Faltan rampas de acceso, los edificios –sobre todo los antiguos– carecen de medida alguna que les facilite la movilidad en sillas de ruedas o en muletas, y el transporte público es sumamente obsoleto, lo que representa un titánico obstáculo para sus traslados.

No es, por supuesto, una situación nueva. El problema ha existido siempre y, en una ciudad como la nuestra, se nota aún más porque luego hacerle una modificación a los edificios conlleva toda una serie de requisitos a cumplir, vigilados principalmente por la Junta de Protección y Conservación de Monumentos y Zonas Típicas, el INAH, y otras tantas instancias oficiales que, la verdad, desmotivan casi a cualquiera.

Con el objetivo de concientizar a la ciudadanía acerca de estas dificultades de movilidad para las personas con discapacidad, sobre todo a los constructores de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, se llevó a cabo este ejercicio de reflexión que, a mi parecer, es bastante bueno… en principio.

Lo que falta ahora es que esas reflexiones ahí vertidas se transformen en acciones concretas y contundentes para garantizar el derecho a la movilidad de esas personas que no lo pueden hacer sin la ayuda de una silla de ruedas o algún otro aparato funcional. Y para ello, se requiere tanto voluntad política para legislar, voluntad de acción para quienes lo sancionan, y como siempre… dinero. Mucho dinero.

Quizás a algunos les parezca precisamente que, debido a la situación económica y financiera tan desastrosa en la que nos encontramos como entidad, el dinero sea el principal obstáculo para ello, pero creo que es más importante generar la voluntad política y de acción antes que la obtención de los recursos.

En un momento en que la corrupción parece ser ese cáncer inatacable que carcome a todas las dependencias del gobierno, y que no permite el correcto desarrollo de su función, sino que, incluso, fomenta las malas prácticas en el servicio público, la voluntad política y de acción para eliminar esa corrupción es vital. El asunto de los dineros, con voluntad, puede suplirse mediante la consecución de recursos extraordinarios con gestiones exhaustivas.

Ya hemos tenido experiencias recientes en las que vimos cómo, luego de conseguirse millones de pesos para esos fines, fue la “modernización del transporte público”, en la que finalmente ni se vieron reflejados en una mejor calidad de vehículos, ni en la mejoría en el servicio, ni en los aditamentos suficientes en los camiones y, por el contrario, incluso algunos equipos que se habían presuntamente adquirido de pronto desaparecieron, gracias a –adivinó usted– la corrupción.

Ojalá que eventos como éste ya brinquen de ser simples recordatorios de nuestras miserias a cimientos de nuevas leyes y nuevas maneras de actuar de las autoridades, no sólo porque así debe de ser en estricto apego al derecho, sino por las personas que lo necesitan de verdad, y que implícitamente siguen siendo “ciudadanos de segunda”, a pesar de los discursos oficiales sobre la inclusión y la equidad oportunidades.

Ahí es donde, a final de cuentas, se puede encontrar un “gobierno diferente”, el que trate de una forma distinta a la acostumbrada a sectores poblacionales que exigen, desde hace años, que se les considere.

 


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