ALBERTO CHIU NTRZACATECAS.COM
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El reciente incremento de un peso a las tarifas de transporte público, vigente a partir del 3 de marzo de este año, fue apenas el primer paso del Consejo Estatal de Tránsito y Transporte que, aparentemente en esa misma fecha, fue conformado. Ahora, todo parece indicar que este organismo en el que participa el gobierno y los concesionarios y la UAZ, se alista para dilucidar de qué manera se “modernizará” (¿otra vez?) el servicio público de transporte en la entidad.

No hay que olvidar que ya desde 2011, durante el sexenio de Miguel Alonso Reyes, el gobierno del estado se llenó la boca con elogiosos comentarios acerca de las gestiones realizadas en aquel momento para conseguir “modernizar” los camiones urbanos. Se pactaron financiamientos, se pactó con armadoras de camiones, se adquirieron algunos aditamentos como las barras contadoras, se habló de colocar cámaras de vigilancia en los urbanos… y ahí quedó casi todo.

Actualmente, son poquísimos los camiones urbanos que cuentan con rampas para personas con discapacidad, las barras de conteo no funcionan en todos los camiones, de las cámaras mejor ni hablamos, y cómo olvidar la “desaparición” de aparatos y pantallas que se instalarían en los paraderos de camiones para que los usuarios tuvieran mejor información sobre la llegada y salida y horarios de sus camiones.

¿Y qué es lo que sí ha cambiado? Ah, pues el costo. En eso sí, el pretexto de la “modernización” ha sido razón fundamental para incrementar las tarifas del transporte, sin que los usuarios finales hayan visto, en la práctica, una mejoría sustancial.

Con el pretexto de los incrementos en suministros y gasolinas, el transporte público ha subido sus costos a costa de que los usuarios padecen (sí, padecen muchos) dichos incrementos, sobre todo cuando se trata de familias, digamos, con unos cuatro integrantes, que tienen que trasladarse diariamente a la escuela, al trabajo, a la casa, mientras los sueldos no sufren las mismas variaciones.

Ahora, con la confirmación de que se separarán finalmente –alrededor de junio– las ramas de transporte y vialidad, se avecina nuevamente el tema de la famosa, llevada y traída “modernización”, y ya la diputada Claudia Edith Anaya Mota –oootra vez– anuncia que Zacatecas se verá beneficiado con el Programa Integral de Financiamiento del Transporte Público, según explica, “que financiará la renovación de más de 10 mil 500 taxis y mil 200 autobuses por unidades nuevas o híbridas, listas para su conversión al gas natural”. Y que habrá dinero para instalar estaciones de gas natural. Todo miel sobre hojuelas, al menos en el discurso.

El asunto, sin embargo, sigue siendo el mismo: Zacatecas requiere –le urge– una verdadera planeación estratégica del transporte público. Una estrategia incluyente que considere la mejor movilidad de la sociedad, en la que correspondan los costos de la misma, con el servicio prestado. Y hasta donde se ve, seguimos metidos en un verdadero berenjenal de virtuales “mafias de concesionarios”, compra-venta de permisos, inequidad y limitaciones de alcance en varias regiones, falta de certeza para muchos que pretenden ofrecer este servicio… etcétera.

Ni siquiera se ha terminado aún con el problema jurídico de las concesiones irregulares entregadas al final del sexenio de Alonso Reyes, y eso es base fundamental para que inicie una nueva época en el transporte en Zacatecas. Ojalá que estos anuncios no se conviertan solamente en propaganda electoral –aunque digan que estamos muy lejos todavía de las elecciones–, o que se vayan a utilizar como moneda de cambio para atraer simpatías de grupos de poder. El negocio del transporte, está visto, ha servido como plataforma en estos asuntos.

Así que, ya con el anuncio hecho, hay que estar muy vigilantes sobre qué clase de “modernización” se busca, quiénes serán los beneficiados con los programas de financiamiento y, sobre todo, qué impacto real tendrán sobre la ciudadanía. Seguir pagando mucho por un mal servicio, ya no es ni justo ni posible.

 


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