ALBERTO CHIU | NTRZACATECAS.COM
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Ayer el secretario de Finanzas del estado, Jorge Miranda Castro, nos recetó nuevamente el panorama desastroso y fantasmagórico que tenemos desde hace años: no hay dinero que alcance para cubrir el famoso “déficit educativo”, un boquete de más de mil millones de pesos que, año con año, ha exigido de las administraciones estatales la gestión extraordinaria de recursos para poder pagarle a los profesores todas las prestaciones que tienen ganadas (bien o mal) desde hace casi 20 años.

Sólo que en esta ocasión, soltó Miranda Castro una revelación sensacional: que el dinero que se iba a recaudar del “impuesto ecológico” en sus cuatro vertientes, se iba a utilizar en su mayor parte (unos mil 300 millones de pesos) ¡para pagarle a los profesores! ¿Qué no habíamos quedado que era dinero para “remediación ambiental”?

Algo no está bien, sin duda, en el tema expuesto por Miranda Castro ayer, pues, insistió una y otra vez, a manera de justificante, en que la controversia constitucional interpuesta por la presidencia de la República, además de los amparos interpuestos por diversas empresas “contaminantes” que estarían obligadas a pagar dicho impuesto, ya dio al traste con las intenciones que tenían de usar ese dinero en el pago al magisterio.

Un momento. Hasta donde se recuerda, en la sesión en la que la Legislatura estatal aprobó la propuesta del titular del Poder Ejecutivo estatal para crear esta nueva carga impositiva, se dio lectura a los que serían los destinos explícitos de dicha recaudación, y en ninguno de los rubros se habla de que se usen esos fondos para pagar el capítulo 1000 o prestaciones de la nómina magisterial… ¿o sí? Que alguien me lo explique.

Más aún, en diversas entrevistas el propio titular del Ejecutivo, Alejandro Tello Cristerna, ha dicho en momentos que ese dinero sería para –efectivamente– implementar medidas de remediación ambiental, y en otras ocasiones ha dicho, incluso, que los impuestos se pueden usar en una u otra cosa, que se puede redefinir su utilización…

Quienes hayan seguido de cerca las más recientes declaraciones de ambos, podrán encontrar que de pronto se dice que el objetivo tiene que ver directamente con asuntos ambientales; luego, se dice que se puede usar para diversas infraestructuras de carácter social (en salud, por ejemplo); pero ahora, ¿de pronto cambia la jugada y nos revelan que con eso pagarían el déficit educativo? ¿A qué hora cambió el destino del impuesto decretado en la ley por los diputados actuales? ¿O metieron una modificación de la que nadie se dio cuenta?

Que conste que no estoy en contra de que se tenga que hacer lo que sea necesario para cubrir ese déficit, pero ¿por qué cambiar el discurso de buenas a primeras, y pareciera que buscan utilizarlo como pretexto o moneda de cambio, en una presunta próxima mesa de negociación, en la que se sentarán con el gobierno federal?

Desde su exposición de motivos, la implementación del nuevo gravamen puso como razón fundamental la contaminación de las empresas, que deberían pagar para remediar ambientalmente lo que contaminen. En diversas publicaciones en redes sociales como Facebook, el propio Alejandro Tello Cristerna intentó explicar y socializar los destinos del impuesto para que fuera aceptado como medida de compensación ecológica. Cuando se aprobó, se blandió la bandera de la protección al medio ambiente para tratar de posicionarlo de manera inmediata…

No se entiende ahora, pues, cómo es que de pronto resulta que con esa bandera de que no se recauda este impuesto (por la controversia y por los amparos), ¡está en riesgo latente el que no se pueda pagar a los profesores a final de año todas las prestaciones! Y con esa misma bandera, parece que ahora se pretende poner al gobierno federal contra la pared, para que nos dé el dinero que no llegará por el impuesto.

En fin, que esa clase de virajes sólo crea más incertidumbre en la sociedad, y ahora también en el gremio magisterial, a quien se pretende “compre” este pretexto y, a su manera, presione también para que se gestionen más recursos ante la Federación. ¿A quién le pedimos explicaciones?


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