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México.- El gobierno recurrirá a mecanismos específicos contenidos en el sistema interamericano de defensa de los derechos humanos que le permitan auxiliar a los migrantes en Estados Unidos, anunció el Embajador Luis Alfonso de Alba.

En entrevista, el representante de México ante la Organización de Estados Americanos (OEA) explicó que el objetivo es determinar las medidas de protección internacional que todos los gobiernos están obligados a cumplir.

También divulgar esa información entre los paisanos, para que estén en posibilidad de exigir el respeto a sus garantías fundamentales.

“Estamos buscando identificar los mecanismos que apoyen a los migrantes para que se respeten sus derechos, y para que se difunda.

“Y el marco jurídico aplicable y las medidas de protección internacional que todos los gobiernos deben cumplir, incluyendo Estados Unidos”, detalló el diplomático vía telefónica.

De Alba enfatizó la importancia de difundir entre la comunidad mexicana en Estados Unidos esta información para prevenir violaciones a sus garantías contenidas en acuerdos internacionales.

Organismos de defensa de los derechos humanos han alertado sobre la posibilidad de que las autoridades migratorias estadounidenses cometan abusos al momento de aplicar las órdenes ejecutivas dispuestas por el presidente Donald Trump para reducir la migración.

“Hay instrumentos que deben de ser respetados por todas las autoridades y me refiero a las autoridades de todos los niveles de gobierno.

“Porque muchas veces las interpretaciones de la política o, en este caso, de las órdenes ejecutivas se pueden dar a nivel de autoridades locales con gran desconocimiento de las obligaciones internacionales que tiene el propio Estado”, aseveró de Alba.

Uno de los principales instrumentos a los que el gobierno le apuesta es la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José, el cual fue firmado por Estados Unidos.

El Embajador De Alba señaló que mecanismos como éste tienen como objetivo reivindicar los derechos fundamentales de la persona, comenzando con la garantía a la vida misma y a los servicios básicos mínimos.

“El derecho a la vida misma tiene que ser preservado porque muchas medidas pueden aumentar el riesgo incluso de vida para la persona involucrada”, expuso.

Reconoció, sin embargo, que no hay una regla fija en cuanto al comportamiento que deben de tener los Estados que forman parte de los diferentes convenios internacionales.

“Cada país tiene un derecho soberano para emitir su política migratoria con mayor o menor flexibilidad.

“Pero ninguno tiene libertad absoluta en esa materia si las disposiciones que adopta pudieran eventualmente perjudicar los derechos de las personas, independientemente la calidad migratoria que ostenten”, manifestó.


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