ALBERTO CHIU | NTRZACATECAS.COM
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Los crudísimos datos que arrojan los Centros de Integración Juvenil, las instancias de atención judicial a menores de edad, los propios juzgados, los más recientes casos de prostitución denunciados en escuelas secundarias, y los constantes eventos de bullying o acoso escolar entre compañeros, han formado una combinación que debería llevarnos a pensar, a reflexionar ¿qué carajos está pasando con nuestros niños y jóvenes?

Si a alguien no le parece preocupante que la edad de inicio en el consumo de drogas esté calculada en los 10 años, definitivamente algo anda mal. Si a alguien no le parece alarmante que haya casos de prostitución o de abuso sexual en escuelas secundarias (y hasta en primarias), de plano nuestra sociedad está condenada al fracaso.

Pero claro, una cosa es la percepción social sobre estos asuntos, que sin duda se mezcla con la situación particular de cada barrio, de cada comunidad, de cada colonia y hasta grupo familiar, y otra muy distinta la toma de decisiones que lleva a cabo la autoridad, basándose en esos mismos factores, para hacer prevalecer no sólo el Estado de Derecho, sino también para restaurar y proteger (tutelar, como es su obligación) el sano tejido social.

Vamos por partes. Ya está más que visto que, en la actual situación que vivimos en Zacatecas, la presencia de las drogas en todas partes (incluidas las escuelas y hasta en los hogares de muchos) es una realidad insoslayable. Y una parte de la responsabilidad recae, por supuesto, en cada casa, cada familia. Y en las escuelas, otra parte, como instancias que vigilan y acompañan a sus educandos.

A pesar de esta terrible situación, que en algunos casos conduce a los menores de edad a cometer delitos o, en el peor de los casos, a involucrarse directa o indirectamente con el crimen organizado, muchos nos preguntamos qué se está haciendo –como política pública– para sancionar estas conductas y, sobre todo, para ayudar a los mismos jóvenes a salir de ello, a evitar sus riesgos y a convertirse en personas útiles a la sociedad.

Sí, hay un programa de prevención que llevan a cabo las instancias de seguridad pública mediante pláticas en algunas escuelas, pero… ¿qué más? Me pregunto cómo se conecta ese programa con otros, por ejemplo, de carácter cultural o de autogestión social para que los menores se involucren en su propio desarrollo.

Ejemplos hay varios, en otros países del mundo –incluso en América Latina–, que podrían tomarse para impulsar la música, las artes, el involucramiento con la comunidad propia, etcétera, de efecto a largo plazo, pero que requiere, de manera inmediata, de la voluntad política de los gobiernos de todos los niveles, de las correctas legislaciones para sancionar adecuadamente las conductas erróneas y promover las iniciativas adecuadas que pongan en el centro la atención a niños, niñas y jóvenes de todas las edades.

Y es que, lamentablemente, luego parece que nuestra vida en general transcurre entre los problemas económicos del gobierno y las elecciones, atrayendo la atención muchas veces sólo a los ámbitos político-partidistas, y dejando para después el ámbito de lo social con todo lo que eso implica, incluida la manipulación de las necesidades sociales, con el único objetivo de la obtención y conservación del poder político.

Entre más vean los políticos por sí mismos y por sus partidos, y menos por la gente, no tengo duda que serán las generaciones más jóvenes las que llevarán la peor parte en esta falta de atención a lo verdaderamente importante. Y si niños y niñas de 10 años ya se drogan o se alcoholizan, no es de extrañar que también a esas edades empiecen a cometer delitos cada vez más graves. ¿Quién hace punta para luchar contra ello y hacer de esa lucha un paradigma en la función y el servicio público? Ojalá los políticos pronto dejen de “verse el ombligo”, y atiendan esta urgente necesidad. No se puede, ni se debe, olvidar a la infancia. Es un verdadero crimen.

 


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