ALBERTO CHIU | NTRZACATECAS.COM
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Reza un viejo adagio (que algunos le atribuyen a Napoleón, y otros al argentino Perón), que “si quieres que algo no funcione, crea una comisión”. A reserva de sonar un tanto depresivo, pesimista y de mal agüero, ni modo, creo que el evento llevado a cabo ayer por el gobierno del estado está en ciernes de cumplir con el adagio… y ojalá me equivoque.

Ayer, como se sabe, se llevó a cabo la instalación y toma de protesta de la Subcomisión de Justicia Integral para Adolescentes en Conflicto con la Ley, de la que por principio de cuentas no me queda claro de quién depende, pero cuyo objetivo –tal como lo dijeron ahí– es “elaborar el Plan Estatal para la Implementación de Cambios Normativos y la coordinación entre actores del Sistema, cumpliendo así las disposiciones de la ley nacional en la materia.”

O sea… ¿cómo? Si entendimos bien, se trata de un grupo de trabajo compuesto por un montonal de dependencias y entes autónomos que, de manera conjunta, tendrán que aportar ideas y conocimientos que ayuden a “armonizar” (reformar) las leyes que ya existen y crear las que falten para que los menores que delinquen puedan gozar de mejores condiciones en su trato, para que tengan mejor protección de la propia ley y el Estado, y para que se fomente la prevención del delito en edades tempranas.

Todo suena muy bien, y sin duda es uno de los aspectos que como sociedad actualmente nos urge implementar. A nadie le parecerá excesivo buscar que aquellos menores infractores puedan disponer del apoyo del estado para regenerarse; nadie se negaría a que los menores que ya están confinados a reclusión sean mejor tratados física y psicológicamente; y nadie se opone a que existan mejores programas de prevención. Todo, con tal de lograr la regeneración del tejido social en esa capa de la sociedad que son los jóvenes expuestos al delito, cualquiera que sea éste.

Sí, pero (siempre hay un pero…) lamentablemente, también la historia nos ha dado claros ejemplos de que la creación de una comisión (o una subcomisión como en este caso) sea garantía ineludible de que harán lo que tienen que hacer, y que todos los involucrados pondrán su granito de arena, y que aportarán con altura de miras y voluntad política todo lo que esté de su parte para salir adelante en el compromiso que se acaban de echar.

A decir de algunos analistas, eventos como éste muy a menudo son solamente “eventos de protocolo”, llevados a cabo para “cumplir” con lo que instancias superiores le exigen a los gobiernos, en el ánimo de cubrir las apariencias y al menos decir que “ya está instalada”.

Ahora que ya está conformada, a mí me interesaría saber –por ejemplo– cuál será su cronograma de trabajo, cada cuándo y dónde sesionarán, cuáles son sus metas en qué tiempos, cada cuándo habrán de armonizar las leyes locales, qué tan lejos estamos de las leyes federales en la materia, etcétera.

Ojalá, en el mejor ánimo de transparentar su ejercicio –como lo presumen una y otra vez en el gobierno–, muy pronto nos puedan decir dónde se puede consultar su trabajo y sus avances en la armonización, o qué clase de revisiones y supervisiones están haciendo sobre los centros de atención a jóvenes delincuentes, quiénes se involucran en ello y qué es lo que han encontrado.

Y por supuesto, si de ello se puede obtener información que configure la comisión de delitos en contra de los jóvenes delincuentes, también nos transparenten de qué manera se hará responsables a los servidores públicos que estén involucrados, pues es por demás sabido que la atención de estos menores se ha convertido –tristemente– en un campo fértil para que florezcan la corrupción, el abuso hacia ellos y sus familias y, por supuesto, la impunidad. Ojalá, espero como siempre, no sea sólo una simulación. Otra simulación.


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