ALBERTO CHIU NTRZACATECAS.COM
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Más de seis meses después de haber asumido la responsabilidad, pero sin nombramiento formal, finalmente ayer Paula Rey Ortiz Medina fue “ratificada” como secretaria de la Función Pública de este gobierno, en medio de señalamientos por su presunta ineptitud a cargo del área de fiscalización y vigilancia oficial, y sin que de parte de las bancadas oficialistas en el Congreso del Estado hubiera una sola palabra a favor de que se le otorgara el nombramiento definitivo. ¿Para qué, si ya estaba pactado?, se preguntan analistas.

El hecho es que el nombramiento formal (el documento oficial, pues) es principio legal básico para el desempeño de una función pública y Ortiz Medina no lo tuvo hasta ayer. Es decir, que más de medio año tuvimos una “vigilante” de las actividades de los servidores públicos, cuyo actuar estuvo a un tris de haber quedado totalmente anulado, investigaciones incluidas, pero que en una sesión legislativa “mágicamente” y sacado de la manga, lograron ratificar, a pesar de haber pasado ya el periodo legal para hacerlo.

A los estudiosos del Poder Legislativo, les interesará quizás analizar cómo fue que luego del término legal finalmente se logró esa ratificación, luego de que, en la propia sesión, los diputados de oposición adujeron, una y otra vez, que el marco legal no estaba adecuado para llevarlo a cabo. Pero eso no importó.

Es más, seguramente hoy habrá quienes defiendan la ratificación de la secretaria Ortiz Medina diciendo que “al cabo ya la ratificaron, al cabo ya tiene nombramiento oficial, al cabo ya no pasa nada, ya se arregló todo…”. Seguramente habrá quienes traten de minimizar los evidentes errores y pifias cometidas tanto por el Poder Ejecutivo al no solicitar su ratificación con anterioridad, como por el Poder Legislativo al no reestructurar el marco legal necesario, como si no fuera importante.

¿Hasta dónde queda, pues, la responsabilidad de los diputados de la LXII (62) Legislatura, algunos de los cuales sí reconocen que les falta trabajo? ¿Hasta dónde es la responsabilidad, por ejemplo, del coordinador jurídico del gobierno, Jehú Eduí Salas Dávila, sobre este asunto que, me parece, también le compete? ¿Con esa “soltura” pretende también defender los intereses del estado ante la controversia constitucional interpuesta por el presidente Peña Nieto sobre el tema del “impuesto ecológico?

Son todas ellas, en conjunto, omisiones inadmisibles de cualquiera de las partes, sobre todo cuando a toda costa se pretende presumir que hay un “gobierno diferente”, que las cosas se hacen de la manera correcta, cuando es evidente todo lo contrario.

Lo peor de todo, es que no faltarán los malpensados de siempre que empiecen a sospechar sobre qué es lo que sucederá con todos los casos que presuntamente la Secretaría de la Función Pública “investiga y da seguimiento”, como los de los señalamientos de corrupción contra Miguel Alonso o su gobierno; contra el delegado de Sedatu y su secretario particular en el mal uso del Fondo Minero; o contra algunos funcionarios por la entrega irregular de concesiones de transporte público, al final de la pasada administración.

Pero en fin, que ya ha sido ratificada y está en funciones de manera formal (ahora sí). ¿Qué sigue? Sin duda, hay que exigirle más eficacia en las investigaciones que presume. Más trabajo en la vigilancia de las posibles irregularidades cometidas por los servidores públicos de este gobierno. Resolución de los casos de manera transparente y abierta. Y por supuesto, que ponga todo lo que esté de su parte para sancionar, ejemplarmente, a aquellos funcionarios que hubieren cometido algún acto de corrupción. ¿Es mucho pedir?

Por lo pronto queda constancia en los anales del Congreso del Estado, de que ante los señalamientos de la oposición para NO darle el nombramiento a Paula Rey Ortiz Medina, no hubo una sola participación de los diputados de las bancadas afines al gobierno para defenderla ni a ella ni a su trabajo. No hubo una réplica a los cuestionamientos sobre la legalidad o ilegalidad de la ratificación, ni hubo respuesta a uno solo de los casos que siguen, hasta hoy, “en revisión”. Quizás no hubo necesidad. Nunca la hay, cuando con la mano en la cintura se puede mayoritear una decisión por órdenes “superiores”. ¿Así quién les va a creer que quieren ser diferentes?

 


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