ALBERTO CHIU NTRZACATECAS.COM
ALBERTO CHIU NTRZACATECAS.COM

Los más recientes cambios y enroques en diversas instancias relacionadas con la procuración de justicia y con la seguridad pública del estado, han resultado –demasiado pronto– ser ahora puntos álgidos y que provocan la posible pérdida de confianza en el gobierno, por una parte de la ciudadanía en general.

Por un lado, la salida de Nancy Espinoza Medina de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública, abrió el espacio para las dudas y las sospechas sobre su quehacer, como razón fundamental para su expulsión del gabinete. Y con ello, se abrieron también muchas más dudas sobre sus cargos anteriores, por ejemplo, cuando fue la titular del Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza, encargada de los exámenes que tamizaron a las corporaciones policiacas.

Pero además, el hecho de que no se hayan hecho públicas las razones para que el Ejecutivo decidiera su salida del equipo, dejó abiertas a la especulación diversas acusaciones veladas sobre presunta corrupción de parte de Espinoza Medina en los cargos que ocupó desde la administración anterior y hasta hace un par de días. Acusaciones sobre las que, lamentablemente, tampoco ha habido una palabra del gobierno, ni para desestimarlas ni para confirmarlas.

Luego, la muy cuestionada ratificación de Paula Rey Ortiz Medina al frente de la Secretaría de la Función Pública abrió muchas otras dudas sobre la pertinencia de su nombramiento, e incluso cuando se cuestionó al mandatario estatal sobre dicha ratificación, su respuesta fue más bien una evasiva, al dejarlo en manos exclusivamente de los legisladores locales. Es cosa de ellos, pues.

Después, la salida de Mara Muñoz Galván –por la vía de la renuncia voluntaria– de la titularidad en el Centro de Justicia para las Mujeres, vuelve a abrir otro boquete más en la confianza que pretende generarse entre la ciudadanía para con el gobierno del estado.

Sobre todo, por las razones que explica en la misiva de su dimisión, entre las que se cuenta el que ella no quiere ser parte de la “simulación” de justicia que –dice– se practica en la procuraduría, además de acusar abiertamente un presunto caso de violación o acoso sexual al interior de la Policía Ministerial. Algo totalmente escandaloso y por demás grave, que me parece debería investigarse a fin de confirmarlo y sancionarlo… o simplemente a fin de deslindar las responsabilidades correspondientes.

Y finalmente, la circulación de supuestas imágenes de violación a los derechos humanos de reos internos en el Centro Regional de Readaptación Social (Cerereso) de Cieneguillas, sobre las que no se había informado al gobernador hasta ayer en la mañana, pusieron nuevamente en tela de juicio tanto la procuración de justicia como el respeto irrestricto a la ley por parte de la autoridad competente.

Todo ello, en medio de hechos delictivos que, entre lunes y martes, dejaron un saldo de al menos siete u ocho personas asesinadas, ataques a policías municipales, balaceras en zonas urbanas como la de Fresnillo, y la permanente exigencia de la ciudadanía sobre la necesidad de contar con más y mejor seguridad para las familias zacatecanas.

En pocas horas, la confianza de la ciudadanía para con el gobierno estatal –y para con el propio gobernador Alejandro Tello– ha tenido que enfrentar duros golpes de realidad que, más allá de lo mediático, deberían haber prendido ya los focos de alerta sobre lo que está pasando tanto en las calles como al interior del gobierno que encabeza.

Es en momentos de crisis cuando se presenta la oportunidad de dar golpes de timón que corrijan el rumbo de cualquier empresa o gobierno, sólo esperemos que esta crisis de credibilidad que ahora enfrenta la administración estatal sirva, al menos, para detectar realmente cuáles son sus puntos débiles y, en aras de la mejor conducción política y social, se hagan los cambios pertinentes. Ojalá cuente con la palabra adecuada de quienes lo asesoran, y la decisión correcta por el bien de todos.

 


Los comentarios están cerrados.