JENNY GONZÁLEZ ARENAS
JENNY GONZÁLEZ ARENAS

Hablar de la juventud no es un tema sencillo, menos cuando nos damos cuenta que es uno de los sectores de la sociedad que se encuentra en una situación de doble o triple vulneración. Muchas de las veces hemos criticado a la juventud por la manera en la que se conducen o las decisiones equivocadas y poco maduras que pueden llegar a tomar; sin embargo, rara vez nos detenemos a pensar las condiciones adversas en las que este sector de la población se desenvuelve.

Para la Convención de los Derechos del Niño, un niño es toda aquella persona menor de 18 años, sin hacer una distinción entre niños y adolescentes; pero cuando nos referimos al interés superior del niño, uno de los pilares fundamentales refiere que se debe atender al desarrollo progresivo de la infancia, tomando en consideración su grado de madurez mental, así como su opinión y participación en la toma de decisiones que afecten su esfera jurídica. De tal forma que, si bien es cierto, niños son todos aquellos que no han alcanzado los 18 años cumplidos, también es cierto que el nivel de tratamiento atiende a su madurez psicológica, física, intelectual, dependiendo del entorno y su desarrollo particular.

Por mucho tiempo, se ha tenido a los menores como un sector vulnerable y se han hecho grandes esfuerzos por darles a conocer sus derechos, de tal manera que salgan de su condición de vulnerabilidad o, al menos, encuentren las herramientas necesarias y a su alcance para poder denunciar las violaciones a sus derechos de las cuales pueden ser víctimas. Pero se ha dejado de lado la difusión de sus obligaciones, lo que representa, en cierta medida, un problema de fondo en la consolidación de una ciudadanía responsable.

La reciente reforma de justicia penal para adolescentes modifica completamente el paradigma de impartición de justicia, haciendo a los menores de edad responsables de sus actos. Este es un modelo basado en la reinserción socio-educativa, dejando atrás el modelo tutelar. Las diferencias son radicales, puesto que transforma la manera en la que el sistema de justicia percibe a los menores en conflicto con la ley y como hacerlos responsables de sus actos.

Todos los cambios en los modelos de impartición de justicia, el romper con los paradigmas previamente establecidos e imponer nuevos tiene muchas reticencias, pero alguien tiene que hacer este trabajo. El caso que nos ocupa no es la excepción, puesto que debería traer consigo un análisis de la corresponsabilidad entre el Estado, la familia y el propio menor en el fenómeno delictivo que se pretende abatir.

En este proceso de transformación se ven involucrados diversos agentes que deben recibir la capacitación adecuada para la implementación del nuevo modelo, tales como la policía, los tribunales especializados, los centros de internamiento, la familia y la sociedad en su conjunto, puesto que de ello depende el éxito o el fracaso en la implementación del modelo.

Para esa tarea se requiere de un compromiso serio de parte del Estado, no solo a nivel ejecutivo, sino en los tres poderes, porque en mayor o menor medida tienen responsabilidad. El legislativo en la aprobación de los presupuestos que se habrán de ir destinando paulatinamente a la implementación del sistema; el ejecutivo por la manera en la que se dirigirán los recursos no solo a la parte de ejecución de sanciones sino a políticas públicas de prevención de la violencia y el judicial por la parte de impartición de justicia que le corresponde.

Además, de un serio compromiso de la sociedad y de la familia de percibir a los menores en conflicto con la ley no como un caso perdido, sino como la oportunidad de rescatar el futuro de la sociedad.


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