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México.- Las procuradurías de protección integral de la infancia necesitan mayor presupuesto para cumplir con sus funciones, alertó Ricardo Bucio.

En el marco del Día del Niño y la Niña, secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes (Sipinna), informó que ya existe una Procuraduría Federal, 32 procuradurías a nivel estatal y mil a nivel municipal, las cuales deben proteger a todo menor de edad en situación vulnerable en el País.

«Las procuradurías tienen albergues, casas cunas, procesos de adopción, acompañan a menores migrantes no acompañados. Necesitan recursos públicos y no pueden tener los mismos que tenían antes», expuso en entrevista.

«El Congreso de la Unión aprobó una ley que da tantas obligaciones con un impacto presupuestal cero, como si no tuviera ningún costo adicional».

En diciembre de 2014 entró en vigor la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, la cual amplió las garantías de la infancia y la protección para la misma.

Desde entonces se ha creado el Sipinna, 32 sistemas estatales, 128 sistemas municipales y 120 comisiones especiales, que conjuntan alrededor de 12 mil autoridades encargadas de velar por la infancia; además, se han realizado 110 cambios o creaciones de leyes para cumplir con lo establecido en la legislación general.

Bucio aseguró que todos los sistemas cuentan con infraestructura y presupuesto asignado, aunque organismos como Unicef han alertado de la falta de recurso etiquetado para los mismos.

No obstante, llamó a que el Congreso de la Unión y los congresos estatales reconsideren los presupuestos que asignan a la protección de los derechos de la niñez.

Pese a los avances, remarcó, aún existen grandes retos para garantizar la protección de los derechos.

«Hay muy poco conocimiento de los indicadores y de las situaciones que afectan a los niños a nivel local y nivel nacional. También hay una escasa visión y articulación de las acciones para poder atender la situación», apuntó.

Algunas partes de la ley, advirtió, tampoco se cumplen al 100 por ciento. Aunque los niños migrantes ya no pueden ser retenidos en estaciones migratorias, ejemplificó, el año pasado solo el 13 por ciento de los 40 mil niños detectados fueron atendidos en albergues del DIF.

También señaló una desarticulación en la coordinación entre niveles de Gobierno, ya que, por razones administrativas o políticas los municipios no articulan sus acciones con los estados y la federación.

Para Bucio, aun está pendiente en el país un cambio de visión desde la iniciativa privada y el sector social para lograr garantizar los derechos de la infancia.

Consideró que la iniciativa privada debe poner de su parte para erradicar el trabajo infantil, el sobrepeso provocado por productos chatarra y la afectación del medio ambiente debido a la construcción de mega desarrollos.

Aseveró que la sociedad mexicana también debe cambiar su forma de pensar sobre los niños, a fin de dejar de considerarlos objetos o «apéndices de los adultos».


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